Por qué sigue existiendo un mercado ilegal de residuos electrónicos

Por José Vicente López, Investigador en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Los aparatos eléctricos y electrónicos, como grandes y pequeños electrodomésticos, ordenadores, equipos de alumbrado, aires acondicionados y herramientas eléctricas, son productos habituales en nuestra sociedad y deseables para la creciente clase media de los países en desarrollo.

Todo lo anterior explica que el consumo de estos aparatos se haya disparado en los últimos años, al mismo tiempo que se generan unos 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos (denominados RAEES) al año, el equivalente a unas 4.500 torres Eiffel.

Estas cifras constituyen un problema grave tanto a nivel local como global. Primero, porque estos residuos contienen materiales tóxicos y peligrosos como plomo, cadmio, mercurio, níquel, litio y gases fluorados de refrigeración. Segundo, porque la composición y tipología de los residuos varía de un país a otro en función de sus pautas de consumo o necesidades. Y tercero, porque no se conoce bien la cantidad real de residuos que se generan ni a dónde van a parar. De los 67 países que tienen una legislación al respecto, tan solo 41 recopilan esta información y, a veces, ni siquiera es fiable.

Para hacerse una idea de la envergadura del problema, basta otra cifra: 1,7 millones de toneladas de residuos electrónicos se eliminan directamente en vertederos, produciendo lixiviados que pueden contaminar las aguas subterráneas y los ríos. Su incineración conlleva el riesgo de que se liberen gases tóxicos con contenido en plomo, mercurio, dioxinas y furanos, todos ellos compuestos cancerígenos. Solo alrededor de 8,9 millones se recuperan para su reciclaje.

Existe, por tanto, un 76% de los RAEES cuyo destino no se sabe (o no se quiere saber). La mayor parte del flujo de estos residuos está fuera del canal económico formal. El valor estimado de todas las materias primas valiosas que albergan (hierro, cobre, aluminio, plata, oro, paladio, etc.) es de unos 55.000 millones de euros, pero recuperar estos materiales implica para occidente un elevado coste de mano de obra que disminuye el margen de beneficios.

Sin embargo, si los residuos se trasladan a terceros países de manera ilegal, la recuperación de estos metales preciosos sale rentable económicamente, aunque a expensas de ocasionar graves perjuicios para la salud de la población y el medioambiente.

Medidas parciales e insuficientes

Una de las causas de este mercado negro es la falta de regulación global, si bien es cierto que, a nivel local, China, India, Japón, Rusia, los países de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, con el 66% de la población mundial, disponen de normativa para proteger sus territorios de posibles impactos ambientales.

El problema radica en la recirculación de residuos que existe hacia zonas sin regulación o con una regulación laxa (regiones de África, el Caribe, Asia Central, Asia Oriental, China y las islas del Pacífico).

La libre circulación entre los estados de la UE hace que, bien por falta de medios o excesivo tráfico, sea muy fácil transportar estos materiales sin sufrir demasiada vigilancia hasta puertos como los de Róterdam y Amberes (Países Bajos), Hamburgo (Alemania), Felixstowe (Reino Unido), El Havre (Francia) y Bilbao, y de ahí a África y Asia.

Otras de las causas, quizás más difícil de controlar, es la que señala el proyecto internacional Countering WEEE Illegal Trade y que se resume en la corrupción en las fronteras, tanto a la salida como a la entrada de RAEES en esos países.

Residuos made in Spain

España genera aproximadamente un millón de toneladas/año de RAEES y el 60% no se sabe a dónde va. La cifra nos sitúa a nivel de Chipre o Rumanía y supone un presunto incumplimiento del Convenio de Basilea sobre traslado transfronterizo de residuos peligrosos.

La existencia de diferentes mafias e intereses comerciales hace que, aún conociendo los hechos, sea muy difícil para los organismos internacionales poner coto al problema. Además, controlar estos flujos transfronterizos exige unos métodos de cuantificación que aun no están desarrollados o contrastados. La mayoría se basan en cuatro indicadores:

• Total de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado.
• Total de RAEES generados.
• Total oficial de RAEES recuperados y reciclados.
• Porcentaje de recuperación de RAEES.

Pero la única forma de cuantificarlos, por ahora, es a través de una legislación que desarrolle la denominada responsabilidad ampliada del productor (RAP) basada en sistemas individuales de devolución y retorno –es el mismo productor quien lo recoge y se lo lleva– o bien a través de sistemas colectivos –puntos limpios, lugares de acopio en grandes superficies, contenedores, etc.–.

La instalación en estos aparatos de chips de seguimiento o códigos QR puede ser eficaz a escala local y experimental, pero a nivel global las mismas mafias destruirían estos dispositivos.

Mejores y peores ejemplos

Japón puede considerarse un ejemplo en cuanto a su legislación: aplica perfectamente la RAP y tiene una infraestructura excepcional para la recogida y reciclaje de materiales. Si bien produce 2,1 millones de toneladas anuales de RAEES, que lo convierten en el tercer país del mundo en volumen generado tras China y EEUU, las empresas tecnológicas niponas están fuertemente implicadas en materia de residuos.

Aunque Rusia y Estados Unidos han empezado a aplicar la RAP, aún están lejos de las políticas japonesas o las de la propia UE y son netamente exportadores de RAEES. China posee una estricta legislación sobre importación de residuos, pero también es cierto que utiliza países limítrofes como fuente de entrada de los mismos o de los materiales extraídos de ellos.

Por su parte, la UE cuenta con la directiva RAEE 2012/19/UE destinada a regular la recogida, reciclaje y recuperación de los desechos electrónicos y aplica el principio de prevención de residuos. La norma establece que para 2019 se debe recoger el 65% del peso medio de estos aparatos introducidos en el mercado en los tres últimos años o el 85% de los RAEES generados en cualquier estado miembro. En 2016 se recuperaba tan sólo el 35%.

El futuro va a requerir mayores controles y exigencias. Los productos eléctricos y electrónicos que hoy consumimos se van a convertir en residuos dentro de cuatro años. El cambio de modelo hacia una movilidad sostenible, por ejemplo, implantando el coche eléctrico como elemento básico, puede colapsar el sistema si no se toman medidas legislativas serias y, sobre todo, se invierte en infraestructuras de recuperación y reciclaje.

La prevención, modularidad para el desensamblaje y reutilización de materiales y la sustitución de materiales tóxicos por otros inocuos para el medio ambiente y la concienciación de la ciudadanía sobre el problema son los retos de futuro que se nos plantean en este ámbito.

Artículo publicado originalmente en The Conversation