Los retos de los municipios en la gestión de residuos, expuestos en un nuevo informe de Conama

Conama publica el informe “Gestión de residuos. La opinión de los técnicos” que recoge la percepción de los municipios sobre los objetivos del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado.

Este pionero estudio analiza los resultados de un sondeo realizado por el comité técnico “Experiencias sobre la recogida selectiva de residuos” de Conama en el que han participado 220 municipios españoles. En el documento, que refleja por primera vez la opinión de los técnicos, se hace un recorrido por las diferentes etapas de la gestión de los residuos municipales y pone en evidencia la brecha entre los objetivos planteados por la normativa y las necesidades de las localidades.

Presentado en un encuentro virtual con la prensa “La brecha de los residuos en España: las dificultades de los municipios ante la nueva ley” el evento consistió en la presentación del informe “Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos”, elaborado por un comité de expertos de Conama.

Además, se trataron de la mano de especialistas, temas tan actuales como las dificultades en la recogida separada de residuos orgánicos o textiles, así como las necesidades de los municipios en torno a financiación, personal o formación en estos ámbitos.

 Los expertos presentes fueron: 

• Vicente Galván. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del comité técnico que ha elaborado el informe. Ha desarrollado toda su carrera profesional en la industria química y en la gestión de residuos, siendo sus últimos cargos Director del Centro de Competencia en Medio Ambiente de Ferrovial Servicios y Director General de Economía Circular en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

• Ricardo Luis Izquierdo. Director General de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Miembro del Grupo de Trabajo de Residuos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y colaborador del comité técnico que ha elaborado el informe.

• Eduardo Perero. Director Adjunto de Fundación Conama y coordinador del comité técnico que ha elaborado el informe. Licenciado en Ciencias Ambientales y con experiencia en consultoría ambiental, desarrollo territorial y sostenibilidad local (agua, energía, residuos, movilidad y biodiversidad). 

Los puntos claves que se resaltaron del informe

Se trata de un extenso informe de más de 100 páginas en el que se exponen los pormenores de la encuesta, desvelando datos como que en el ámbito de la planificación, solo el 19% de los municipios encuestados tiene un plan de prevención, el 25% un plan de gestión integral y el 5% un plan municipal de economía circular. También destaca el apoyo de los municipios a establecer una tasa municipal específica de residuos que cubra el coste real de las operaciones, con un 93% de los encuestados a favor. A nivel práctico, el 48% manifiesta tener una tasa, aunque esta no cubre todos los costes.

Las conclusiones en las que coinciden la mayoría de los técnicos son:

• Necesidad de elevadas inversiones e incorporación de personal para cumplir con los nuevos requerimientos

• Necesidad de apoyo técnico adicional

• Dificultad para cumplir los nuevos objetivos en los plazos señalados

• Coordinación y colaboración entre las administraciones

• Apoyo a la implantación de la tasa prevista en la Ley y hacerlo de forma justa

• Preocupación por la implantación de las nuevas recogidas selectivas (textil, muebles…)

• Importancia de la formación de los ciudadanos

Residuos orgánicos: los más difíciles de tratar para el 60% de los municipios

En cuanto a la recogida y tratamiento, un 60% de los municipios encuestados consideran los residuos orgánicos o biorresiduos como los más difíciles de tratar. La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto. Sin embargo, un 45% de las localidades participantes opina que no lo conseguirá antes de junio de 2022 y el 34%, antes de finales de 2023.

Además, la normativa obligará a implantar nuevas recogidas separadas y tratamiento de los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos (muebles, enseres, colchones, …) antes de 2025. Según apunta el estudio, tan solo un 30 y 40% de los municipios, en función del tipo de residuo, ven alcanzable esta meta.

En la etapa de la prevención, el estudio destaca la reducción del peso de los residuos como otro de los objetivos de la nueva ley. Un 60% de los municipios creen que no se alcanzará en 2020 y solo se reduce a un 31% en 2030. Por el contrario, la creencia de que se cumplirán solo sube del 16 al 33% en 2030.

El 80% de los municipios necesitan más medios

Para superar estos objetivos, la mayor parte de los municipios encuestados considera que se requiere más medios humanos (80%) para planificar, implantar y gestionar; medios materiales como contenedores, vehículos etc. (79%); formación y capacitación (66%) y la mejora de sus puntos limpios (52%). 

En las conclusiones del estudio, también se recogen propuestas como crear nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, es decir, un mecanismo en financiado por los propios productores  de residuos que se encargue de su recogida y tratamiento; incrementar la financiación a través de ayudas y apostar por una colaboración más estrecha entre administraciones.

Financiación y responsabilidad ampliada del productor: los grandes cambios

En el turno de preguntas, lo primero en surgir fueron las medidas fiscales que hagan posible la ejecución de esta ley. Los expertos tienen claro que no se puede cargar todo en los ciudadano y que falta normativa al respecto. Es necesario que la solución sea múltiple: concienciación social; tasas; responsabilidad del productor; garantizar que en la producción, distribución y comercialización se garantice que no hay una cascada de ineficiencia que llega al consumidor final. 

Para Ricardo Luis Izquierdo, la clave es la responsabilidad ampliada del productor, que deber ser extensiva a cada vez más productos, que se incluya el gasto de deshacerse del residuo cuando termine su vida útil en el precio del producto y que la responsabilidad de su reciclado recaiga sobre la industria productora. Además, antes los residuos comerciales industriales no estaban incluidos en responsabilidad ampliada del productor, pero ahora sí lo estarán. La responsabilidad de los productores se amplia hasta el final sobre qué se hace con su residuo, de ese modo se evita que haya pérdidas por el camino como sucedía anteriormente. Para Ricardo "esta ley ha aprendido de vacíos que había en la anterior y de las malas prácticas". 

Otro aspecto que despertó dudas es la basura dispersa, que según informó el panel, también está contemplada en la nueva ley y los municipios contarán con financiación específica para recuperar los materiales que cuenten con responsabilidad ampliada del productor. 
 

Conclusiones de los expertos

Algo completamente transversal es la necesidad de colaboración de los medios de comunicación. El cambio es necesario y estamos ante una ley que implica esfuerzos de todos los actores. No es realista pensar que podemos seguir a este ritmo de generación de residuos. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo, la cuestión es cómo modelar ese esfuerzo para que sea justo y realizable para todos", señaló Vicente Galván. 

Para Ricardo Luis Izquierdo, la clave está en "contemplar los residuos de forma poliédrica, cada uno tiene un procedimiento, unos responsables" y por supuesto interpelar a la ciudadanía a la concienciación a la vez que desde las instituciones se facilitan recursos y opciones.

Alicia Torrego, directora de la Fundación Conama, hace un llamamiento a la ambición, "con este informe hemos querido dar voz y conocer las demandas de los técnicos", ahora tenemos que reducir la montaña y ayudar a gestionarla.