La Junta de Andalucía acuerda el sellado de los vertederos de Lebrija y Utrera con la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha suscrito un convenio de colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (Utrera, Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas) para la ejecución del sellado y el plan de clausura, seguimiento y control posclausura de los vertederos situados en las localidades de Utrera y Lebrija, ambas en la provincia de Sevilla. En concreto, el acuerdo afecta al Centro de Gestión de Residuos No Peligrosos Urbanos de Utrera y al Centro de Tratamiento de El Cornejil de Lebrija y supone un compromiso entre las partes por un período de diez años en que deberán redactar los proyectos, aprobarlos para su posterior licitación y adjudicación de las obras, tal y como recoge la amplia normativa ambiental vigente en este ámbito (Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, el Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de eliminación de residuos y el Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía).

Según el documento, la Junta de Andalucía se compromete a la ejecución de las obras de sellado de ambos vertederos y a aprobar también los proyectos, los correspondientes planes de clausura, seguimiento y posclausura. La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, por su parte, adquiere el compromiso de poner a disposición los terrenos que sean necesarios y facilitar los permisos. A las localidades involucradas corresponderá el desarrollo de los planes de clausura, seguimiento y control posclausura; asegurar el mantenimiento del sellado para que siga ejerciendo sus funciones; el correcto funcionamiento de la red de drenajes de aguas y otros vertidos y garantizar el crecimiento de la vegetación para así culminar el proceso de restauración ambiental.

Una vez sellados, clausurados y entregadas las actuaciones, el Ayuntamiento de Utrera y el Consorcio de RSU de Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas serán los responsables de sus respectivas instalaciones y pasarán a ser titulares de los mismos. Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, ambas partes formarán una comisión de seguimiento, un órgano encargado de tutelar, desde la perspectiva de la colaboración y la cooperación, la aplicación del convenio.