Gobierno Vasco obliga a incorporar cláusulas ambientales en las licitaciones públicas

El Gobierno Vasco sigue apostando por una gestión verde que, además de tener la sostenibilidad como bandera, esté presente de forma transversal en sus políticas. Con este fin, se ha presentado en Vitoria-Gasteiz una nueva medida que impulsará la mirada ambiental en la compra y contratación por parte de las entidades públicas de Euskadi: una instrucción obligatoria que establece las cláusulas ambientales mínimas que todos los Departamentos del Gobierno vasco y su sector público debe incorporar en las licitaciones.

Se da respuesta, así, a los compromisos del propio Gobierno con el Programa de Compra y Contratación Verde 2030, aprobado en diciembre de 2021. Hoy en día, las licitaciones con criterios medioambientales ya suponen casi la mitad del presupuesto en Euskadi: en 2022, de 5.314 licitaciones, 2.281 incluían alguna cláusula de este tipo.

Bajo el nombre ‘Instrucción sobre incorporación de cláusulas ambientales en la compra y contratación de la Administración General, Institucional y demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi’, tiene como destinatarias a las direcciones de servicios o gestión económica de los departamentos, direcciones de los organismos autónomos, órganos directivos y resto de entidades del sector público de la CAE, servicios o unidades promotoras de la contratación.

“Nuestro objetivo es dar respuesta a los compromisos del propio Gobierno con el Programa de Compra y Contratación Verde 2030 y mantener el papel ejemplarizante que han de tener las administraciones públicas. Queremos que la compra y la contratación sean ambientalmente responsables, además de ser más claras y ofrecer mensajes coordinados para las empresas licitadoras", ha afirmado la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.

Itziar Agirre, viceconsejera de Hacienda, ha destacado que “se trata de utilizar el poder adquisitivo que las administraciones tienen de forma estratégica para obtener una mejor relación calidad-precio, y apoyar la transición hacia una economía más ecológica, más innovadora y circular”. Agirre ha añadido, además, que de esta forma “se realiza una apuesta decidida por utilizar la contratación pública como vehículo tractor para conseguir una compra pública más responsable”.

Tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el Pacto Verde Europeo hacen referencia a un uso ejemplar de la contratación pública para contribuir a una economía europea más sostenible. El compromiso de Euskadi en este ámbito viene ya de tiempo atrás, cuando en 2002 la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) estableció por primera vez “promover una política de compras públicas que introduzca criterios ecológicos". A partir de entonces se han dado pasos como el proceso de ambientalización de los contratos de Ihobe en 2005, el ‘Acuerdo sobre la incorporación de criterios sociales, ambientales u otras políticas públicas en la contratación de la Administración Vasca’ en 2008 o el primer Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco, entre 2011 y 2014.

Tras una segunda etapa entre 2015 y 2020, nos encontramos ahora en un tercer Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi con el horizonte en el año 2030, que tiene como objetivo utilizar el potencial de compra del sector público y privado vascos de forma ejemplar y coordinada con el mercado para un desarrollo socioeconómico sostenible que maximice, a la vez, la protección del medio ambiente, la competitividad empresarial y el bienestar de la ciudadanía vasca.

De este Programa se deriva esta nueva instrucción, que incluye criterios para la compra y contratación en los sectores de alimentación, alumbrado público, edificación y urbanización, energía eléctrica, equipos de impresión, equipos informáticos, eventos, jardinería y espacios verdes, limpieza de edificios, mensajería, mobiliario, obra civil e infraestructuras, papel y material de oficina, publicaciones e impresión, textiles, transportes en autobús, vehículos ligeros, vehículos pesados y viajes.

Así, entre los estos criterios ambientales, se incluyen la priorización de alimentos de temporada y ecológicos, la minimización del impacto ambiental durante las obras, la calidad y durabilidad de los productos textiles o el uso de combustibles alternativos, entre otros.
 

Camino de cumplir los objetivos para 2030

Según datos del Informe Anual de Compra Verde de 2022 en Euskadi, las licitaciones que incluyeron criterios ambientales supusieron casi la mitad del presupuesto: 1.084.532.744,18 euros de 2.199.612.921,72 euros totales; y 2.281 licitaciones con criterios ambientales de 5.314 licitaciones totales. Los compromisos en este ámbito se han afianzado y muchos indicadores se acercan ya a los objetivos marcados para 2025, incluso los previstos para 2030: el porcentaje de compra pública verde en las categorías priorizadas en el Programa, en número, es del 50,7 %, siendo el objetivo para 2025 un 55% y del 75% para 2030. En volumen económico, con los mismos objetivos, en 2022 el porcentaje ya era del 66,5 %. En cuanto al porcentaje de compra pública verde en el global de la contratación en volumen de negocio, en 2022 fue del 49,3 %, siendo el objetivo para 2025 el 40 % y el 60% para 2030.

Ahora, para adaptar los pliegos a las prioridades del Programa con el fin de asegurar su cumplimiento, la nueva instrucción indica una serie de criterios ambientales básicos. Estos se incluirán en la definición del objeto del contrato, los criterios de solvencia, las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación y/o las condiciones especiales de ejecución, de modo que se tendrán que incorporar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o de prescripciones técnicas particulares de los contratos públicos. Cada administración deberá adaptar dichos criterios a cada licitación particular y, aunque las puntuaciones asignadas son orientativas, supondrán al menos 15 puntos de los 100 totales que suponen los criterios de adjudicación. Además, en los contratos de duración superior al año, los pliegos incluirán la condición de que la empresa adjudicataria envíe anualmente un informe donde se recojan todos los compromisos ambientales asumidos en el contrato.

Guía para el cumplimiento de la Ley de Administración Ambiental

En la jornada también se ha presentado la 'Guía para el cumplimiento de la Ley de Administración Ambiental: Inclusión de materiales secundarios en pliegos de obras', concebida con el objetivo de facilitar un adecuado enfoque e interpretación en obras de construcción promovidas por el sector público. Dentro de la compra pública, el capítulo de obras es tradicionalmente uno de los más onerosos, y el sector de la construcción también es uno de los que más impacto ambiental conlleva. Por tanto, la compra pública verde deberá velar por que la parte destinada a obras también lo sea.

Entre los elementos clave de la construcción sostenible destacan la gestión de los flujos materiales y los de energía, recogidos en recientes disposiciones como la Ley de Administración Ambiental Vasca. En ella se materializa una obligatoriedad de aplicación de un 40 % de materiales secundarios en los pliegos de obra pública, algo que supone un gran salto cualitativo y cuantitativo en la materia y que, por tanto, requiere una atención especial en cuanto a la puesta en marcha de instrumentos que faciliten su cumplimiento. Así, la Guía provee a los actores interesados, tanto administraciones como posibles licitadores, de estrategias, referencias prácticas y métodos de cálculo para facilitar el cumplimiento de las prescripciones legales al respecto.