FER alerta que el Reglamento de traslado de residuos pondrá en jaque a la industria de reciclaje europea

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el Reglamento de traslado de residuos, que derogará el Reglamento 1013/2006. La normativa, cuya propuesta de modificación por parte de la Comisión Europea se remonta al año 2021, “no solo está basada en una inexplicable decisión política, sino que obvia por completo las principales alegaciones y comentarios de los representantes de la industria europea del reciclaje realizados a lo largo de todo su proceso de desarrollo”, ha denunciado Ion Olaeta, presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER).

“Una vez analizado el texto legal y siendo plenamente conscientes de que la anterior normativa precisaba de cambios de gran alcance para incentivar las cadenas de valor circulares, alinear los procedimientos de envío de residuos con los objetivos establecidos por el nuevo Plan de Acción de Economía Circular y abordar de manera más efectiva los traslados ilegales, concluimos que estamos ante una decisión exclusivamente política, que no solo falla en el diagnóstico de la situación, sino también en las medidas que establece para alcanzar sus principales objetivos”, ha afirmado el máximo representante de la patronal española del reciclaje.

“Si tenemos en cuenta que, según Eurostat, en 2022 la tasa de circularidad del uso de materiales en la Unión Europea fue tan solo del 11,5%, es incomprensible que este nuevo reglamento establezca restricciones y prohibiciones a la exportación de materiales reciclados usando el falso argumento de que el cierre de las fronteras a las materias primas recicladas contribuirá a aumentar la proporción de material reciclado y a disminuir la proporción de materias primas extraídas”, ha afirmado Olaeta. “Esta premisa, que inspira a este Reglamento, jamás se cumplirá si antes no se consigue que las materias primas recicladas compitan en igualdad de condiciones con las materias primas vírgenes y no se aumente la capacidad y el número de instalaciones de producción y aplicaciones que usen materias recicladas, tales como la granza de plástico, la chatarra o el caucho granulado”, ha añadido. Sin embargo, “lo que sí es indudable es que, si se limita el libre comercio de materias recicladas, tal y como establece esta normativa, lo que se frenará es la competitividad de la industria del reciclaje europea y, con ello, la propia capacidad de avanzar hacia la economía circular y la neutralidad climática”.

“El principal talón de Aquiles de este Reglamento es el equívoco que genera la propia definición de residuo que, pese a los numerosos intentos de la industria del reciclaje por lograr su modificación, no hace distinción entre las materias primas recicladas que se han tratado por los gestores de los residuos sin tratar y la basura”, ha explicado Alicia García-Franco, directora general de FER. Por tanto, “es justo y razonable que, como señala la normativa, se restrinjan las exportaciones de residuos que tengan efectos nocivos para el medio ambiente y la salud en terceros países”, ha argumentado la también vicepresidenta de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC), “una condición que afectaría única y exclusivamente a los residuos sin tratar y a la basura y que tendría que centrarse especialmente en los traslados ilegales”.

Sin embargo, “aplicar restricciones o prohibiciones a los materiales reciclados es un grave error porque su exposición a los mercados internacionales y la demanda es esencial para salvaguardar los precios competitivos”, ha asegurado García-Franco. "En los mercados cautivos los precios bajan y, aunque tales restricciones a las exportaciones podrían resultar beneficiosas en un período de tiempo limitado para las industrias transformadoras que se benefician de un suministro barato, tendrá consecuencias muy negativas para los recicladores de toda Europa porque, en ausencia de precios competitivos que cubran los costes o la obligación de sustituir las materias primas por materias primas recicladas, las empresas no podrán afrontar sus costes, con los consiguientes cierres y pérdidas de puestos de trabajo; no podrán invertir en nuevas tecnologías para mejorar sus tratamientos y mejorar la calidad de sus materiales; no se alcanzarán los objetivos de reciclaje y valorización, y residuos que ahora se reciclan irán a vertederos o se incinerarán”, ha concluido.