¿Dispone España de instalaciones suficientes para tratar el flujo creciente de biorresiduos recogidos selectivamente?

En los próximos años se prevé un aumento de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales, pero ¿hay instalaciones suficientes para tratarlos en España?

Las nuevas directivas en materia de residuos y reciclaje han impuesto tres retos importantes para todos los Estados Miembros: la limitación de la proporción de residuos municipales que pueden llevarse a los vertederos hasta un máximo del 10% para 2035; la implantación obligatoria de la recogida separada de biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023; la limitación que a partir del 2027 solo la fracción orgánica que se recoja selectivamente cuente para el cálculo de la tasa de reciclaje. Estos retos, sumados al objetivo de reciclaje a alcanzar para el 2035 (65%), actúan como motor clave para introducir mejoras en los sistemas existentes de gestión de los residuos municipales.

En España, las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen mucha responsabilidad en la consecución de los objetivos fijados a nivel estatal ya que son las responsables de los servicios de recogida y tratamiento de los residuos municipales. El papel de las CCAA es relevante ya que según el Plan Nacional de Gestión de Residuos de España (PEMAR 2016-2020), para garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales, las CCAA deben cumplir al menos esos objetivos dentro de sus territorios: cada CA debe cumplir los objetivos de forma independiente.

A nivel nacional, en el 2018, se generaron 22.265 millones de toneladas y la recogida selectiva alcanzó el 17,7% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados siendo la parte restante fracción resto (FR) (79,3%) y voluminosos (3,0%). Las cuatro fracciones principales recogidas selectivamente fueron papel y cartón (27,1%), orgánica (25,6%), incluyendo residuos biodegradables de cocinas y restaurantes y fracción vegetal procedentes de parques y jardines, vidrio y envases de vidrio (21,2%) y envases mezclados (18,8%)[1].

El incremento de la recogida selectiva está estrechamente relacionado con la ratio de recogida separada de la fracción orgánica, dada su relevancia dentro del composición de RSU (en España 42,72% del total generado)[2]. Gracias a una serie de medidas puestas en marcha en España para los residuos biodegradables, se ha ido disminuyendo progresivamente su deposición en vertedero e incrementando su recogida selectiva. De hecho, en los últimos años la recogida separada de biorresiduos en España se ha incrementado de forma más significativa, más que duplicando en 2018 (1,006,000 t/año) las toneladas recogidas en 2006 (400.000 t/año). La introducción de impuestos crecientes sobre el vertido e incineración en Cataluña y la introducción obligatoria de la recogida selectiva de biorresiduos en todos los municipios catalanes desde 2008 contribuyeron de forma importante a este incremento.

La recogida selectiva no se realiza de forma generalizada en el país. De hecho, en el 2018 se llegó a recoger a nivel estatal respectivamente el 24%, 26% y 54% de las fracciones envases ligeros, papel y cartón y vidrio generadas. Para la FORM la situación es aún peor ya que se recoge solo el 12% de la fracción orgánica generada. En las comunidades donde se práctica una recogida selectiva de la materia orgánica más generalizada (en Catalunya y en la Comunidad Foral de Navarra) se llega a seleccionar al máximo un 34% de los residuos orgánicos generados. En el 2018, en 6 CCAA (Cantabria, Ceuta, Extremadura, La Rioja, Melilla y Región de Murcia) la FORM (residuos biodegradables de cocinas y restaurantes) no se ha recogido selectivamente mientras que en dos (Castilla La Mancha, Castilla y León) la recogida selectiva de la fracción orgánica recién se ha empezado.  Donde no viene separada selectivamente, la fracción orgánica de los RSU en la mayoría de los casos se trata mezclada con la fracción resto en plantas de TMB.

Los niveles de reciclaje de RSU son diferentes en cada región, cosa que muestra las diferentes estrategias de gestión de RSU empleadas a nivel regional[3]. Deberán producirse cambios profundos en los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos de la mayoría de las regiones españolas para alcanzar los objetivos fijados a nivel europeo. Para muchas CCAA, lograr estos cambios representa un gran reto a afrontar. A la necesidad de tener que implantar la recogida selectiva de la materia orgánica de forma obligatoria, se suma hacer frente a tener que tratar una cantidad mayor de fracción orgánica recogida selectivamente y el hecho que las toneladas de bioestabilizado procedentes de las plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de fracción resto ya no podrán contabilizarse como “material reciclado”. De aquí la necesidad de incrementar la capacidad de valorización orgánica mediante la implementación de nueva infraestructura o la reconversión de las plantas de tratamiento mecánico biológico (TMB) de fracción resto existentes en instalaciones que puedan recibir y valorizar los biorresiduos recogidos selectivamente. Sin esta adaptación tecnológica, muchas plantas de TMB se quedarían sobredimensionadas y sin la introducción de nuevas plantas de tratamiento biológico de fracción orgánica recogida selectivamente se tendrán que exportar importantes cantidades de fracción orgánica a plantas externas al área de generación con negativas consecuencias en costes de transporte y ambientales. La autosuficiencia regional en tratar residuos biológicos con la implementación de plantas de compostaje y digestión anaeróbica puede reducir drásticamente esos costos.

Las importantes inversiones destinadas a la realización de plantas TMB de FR han contribuido a abrir una brecha entre el número de plantas de esta tipología y las de tratamiento biológico de fracción orgánica recogida selectivamente. Además, a las CCAA no se les requiere proporcionar evidencia en relación con el destino final del bioestabilizado, de modo que todo lo que se produce se contabiliza como material reciclado independientemente de si realmente se envía a recuperación (es decir, R10[4]) o no.

Con respecto a la gestión de residuos en el 2017, la mayoría (53,4%) de los RSU generados en España se enviaron directamente (15,9% sin previo tratamiento) o indirectamente (37,5% como rechazo de otros tratamientos) a vertederos mientras que el 11,6% se destinó a incineradoras -con o sin valorización energética. El 14,8% de los RSU generados se envió a compostaje o digestión anaeróbica en plantas TMB de fracción resto, 2,3% a plantas de compostaje o digestión anaeróbica de FORM, 18,0% a recuperación de materiales (14,5% procedentes de recogida separada y 3,5% de plantas TMB de fracción resto.

En el territorio nacional existen 139 plantas de tratamiento biológico (89 TMB de FR y 50 plantas de valorización biológica de biorresiduos) que no están repartidas homogéneamente en las 17 CCAA. 28 de las plantas nacionales de tratamientos de biorresiduos están localizadas en Catalunya, donde se trata cerca del 67% de la totalidad de la fracción orgánica selectivamente recogida y enviada a este tipo de tratamiento a nivel estatal. Por otro lado, la mayoría de las instalaciones TMB de fracción resto están ubicadas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Catalunya. En estas 4 regiones se trata alrededor del 63% de la fracción resto enviada a tratamiento mecánico biológico a nivel estatal.

Considerando que solo se separa el 12% de la fracción orgánica generada a nivel estatal y se prevé un incremento sensible de la recogida selectiva de la fracción orgánica, las plantas de tratamiento biológico de biorresiduos existentes a nivel nacional no son suficientes.

Con la actual configuración del sistema de gestión de residuos biodegradables, no es previsible que España pueda alcanzar los objetivos de reciclaje establecidos por la Unión Europea. Las CCAA tendrán que centrarse en reducir las aportaciones de RSU a vertederos introduciendo medidas de prevención y aumentando la cantidad de residuos destinados al reciclaje (en particular la fracción orgánica), invirtiendo en optimizar la eficiencia de las instalaciones en funcionamiento, introduciendo nuevas infraestructuras o reconvirtiendo gradualmente las existentes que sean más flexibles.