Los delitos ambientales, una amenaza para la paz y la seguridad

Más del 80% de los países consideran el delito ambiental como una prioridad nacional. La mayoría expresa que las nuevas y más complejas actividades criminales amenazan cada día más la paz y la seguridad.

La INTERPOL y ONU Ambiente estudiaron cerca de 70 países para elaborar un nuevo informe conjunto, 'El medio ambiente, la paz y la seguridad - Una convergencia de amenazas', publicado durante la Semana del Derecho, la Justicia y el Desarrollo 2016, auspiciada por el Banco Mundial en Washington DC, Estados Unidos.

El informe se centra en los vínculos entre los delitos ambientales a escala mundial, que representan entre 91 y 258 mil millones de dólares anuales, y otras actividades criminales como el crimen organizado y el terrorismo.

Más de 60% de los países encuestados afirmó que estaban presenciando nuevos delitos ambientales o modus operandi, señal de una creciente sofisticación y adaptación por parte de los grupos del crimen organizado transnacional.

Además, 84% informó de una convergencia con otros delitos graves como la corrupción (42%), la falsificación (39%), el tráfico de drogas (36%), los delitos informáticos (23%) y los delitos financieros (17%).

Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL, dijo: “El alcance del delito ambiental es transnacional y su naturaleza es insidiosa. Despoja a los gobiernos de ingresos muy necesarios, a las personas de sus medios de vida y a las sociedades de paz y seguridad. La comunidad internacional debe apoyar un enfoque integral que sume acciones a la retórica, que implemente las políticas y aplique la ley”.

El informe reveló que algunos grupos armados no estatales y algunos grupos terroristas y redes criminales financian sus actividades mediante la explotación de los recursos naturales en las zonas en conflicto y que esto plantea una seria amenaza para la paz y la seguridad. Se estima que al menos 40% de los conflictos internos tiene alguna relación con los recursos naturales.

“Ha llegado el momento de enfrentar la amenaza del delito ambiental con una respuesta coordinada entre los estados miembros, las organizaciones internacionales y las Naciones Unidas. Esta respuesta debe satisfacer la necesidad de mejorar el intercambio de información, aumentar la protección de las poblaciones civiles, aplicar la ley con mayor eficacia y comprender más profundamente los factores impulsores de los conflictos”, declaró Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Ambiente.

En algunos casos las poblaciones de bajos ingresos ven en el delito ambiental una alternativa a la pobreza. Los grupos criminales explotan sus necesidades y los utilizan para emprender actividades ilegales de caza, tala, pesca o minería.

El informe recomienda, entre otras cosas: un enfoque multidisciplinario para luchar contra el delito ambiental; un mayor intercambio de información entre los distintos sectores; prestar mayor atención a la aplicación de las políticas ambientales; y fortalecer el apoyo financiero, incluso mediante la asistencia oficial para el desarrollo.

La publicación del informe se ajusta a la resolución adoptada en el 71° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU celebrado en noviembre, que hizo un llamado a mejorar la cooperación entre las Naciones Unidas y la INTERPOL en la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo.