ASAGUA pone sobre la mesa el problema de las insostenibles ofertas económicas en las licitaciones

La Asamblea Anual de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA, puso sobre la mesa los graves problemas que arrastra el sector: insostenibles bajas en las licitaciones, falta de inversiones en infraestructuras y conservación, deudas de las administraciones públicas y ausencia de una normativa global que permita el desarrollo integral del ciclo urbano del agua, concluyendo en que o se toman medidas o el sector no saldrá de la situación de atonía en la que está sumido desde hace años.

“ASAGUA lleva tres años denunciando esta situación, que ha llevado las bajas a unos límites carentes de razón y  justificación”, aseguró el portavoz, Antolín Aldonza. El origen de las desorbitadas bajas en las licitaciones está en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y otros factores como la denominada “situación del mercado”, referida a la decisión del Ejecutivo de cargar al máximo el ajuste fiscal en la inversión, algo que ha provocado un daño irreversible que ya no solo afecta a las empresas sino que se acusa en el medioambiente, en la falta de conservación que incide sobre las condiciones  medioambientales de las aguas, situación propiciada por el brutal recorte en la licitación pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Cambiar los Pliegos de Cláusulas Administrativas para frenar el ritmo de las bajas en las licitaciones

Las obras “cuestan lo que valen” -afirmó Aldonza- “durante los tres últimos años las ofertas económicas en las licitaciones han alcanzado niveles insostenibles y ni los técnicos de la Administración se equivocan tanto, ni los de las empresas son tan hábiles”. En estos ejercicios el presupuesto para obras de agua se ha visto incluso reducido a la mitad y se dan situaciones en las que no se hace la obra, simplemente se abandona porque lo contrario lleva al contratista a perder dinero.

La carencia de proyectos hace que prime la modalidad de concurso de proyecto y obra originando una situación absurda: la Administración busca un buen proyecto por el que paga un precio bajo después de desechar otros que compitieron y por los que no paga pero cuya realización ya ha supuesto un desembolso a su empresa.

Para conseguir una buena oferta técnica las empresas deben realizar una inversión notable en el proyecto “¿de qué vale este plus de actividad cuando, si una empresa quiere ser adjudicataria además de gastar dinero en preparar la oferta técnica, tiene que hacer la baja que le dictan las estadísticas con independencia de sus cálculos económicos?”.

ASAGUA denuncia que con los pliegos actuales, cuando se valora más de un criterio, el conseguir la mejor oferta técnica, no supone  ser la adjudicataria, “con el mal resultado para los intereses públicos derivado del hecho de que la adjudicataria sea una oferta técnica mediocre”.

Inversiones para conservar el patrimonio hidráulico y nuevas infraestructuras

Las inversiones en infraestructuras se convierten en bienes de capital que requieren mantenimiento ineludiblemente. El capital y su mantenimiento mejoran la calidad del stock del capital público. En términos técnicos, esa conservación es vital para garantizar el buen funcionamiento de los servicios y la seguridad de las personas y de los bienes. A la vista del valor de ese capital, sería necesaria una inversión anual en mantenimiento y conservación equivalente al 2% del PIB.

El recorte de inversiones en agua afecta no solo a las nuevas infraestructuras, sino a la conservación de las existentes. A pesar de que el presupuesto de la Dirección General del Agua ha crecido y que hay dinero disponible del Plan Crece, el BOE no había publicado hasta hace unas semanas el primer anuncio de licitación, lo que supone que no habrá adjudicaciones hasta noviembre y por tanto la anualidad será prácticamente inexistente, teniendo en cuenta que la falta de proyectos hace que se acuda al concurso de proyecto y obra. La consecuencia será que el dinero para nuevas inversiones se tendrá que dedicar a otros conceptos.

Aldonza recordó que “en materia de depuración y restauración ambiental no cumplimos con Europa, lo que significa que España se enfrenta a sanciones millonarias. Y aún así la licitación sigue siendo escasa, pese a que hay que cumplir los planes de mejora de la calidad de las aguas y de riesgo de inundaciones, lo que a su vez demandará actuaciones de restauración fluvial”.

Participación del sector para la aprobación normativa

Otra de las reclamaciones de ASAGUA es la participación en el proceso de aprobación de la normativa, -Ley del ciclo integral del agua urbana, Ley de Contratos del Sector Público…-, “las asociaciones deben participar y exponer sus opiniones y criterios; no pedimos que se atiendan nuestras propuestas, pedimos que se nos deje proponerlas”.

Además se demandó un cambio de sistema para la contratación de actuaciones de emergencia. Anteriormente, las Confederaciones proponían una terna de contratistas entre los que se elegía a uno; ahora se invita a cuatro o cinco a que presentar ofertas sobre unos precios y un presupuesto, lo que genera fuertes bajas. “Ni aquello era bueno, ni esto lo es; se ha pasado del reparto a la pelea con el resultado de que la Administración devuelve dinero y el contratista que tiene comprometidas unas mediciones y unos precios pierde dinero, sin olvidar que al tratarse de emergencias se actúa con urgencia porque debe hacerse lo imprescindible para que cese la situación de riesgo, dejando para más tarde la tramitación y adjudicación del proyecto”, concretó Aldonza.

ASAGUA considera muy buena y acertada la labor de la Dirección General del Agua para la creación de un catálogo de las obras necesarias para concluir el Plan nacional de Calidad de las Aguas y cumplir con la Directiva Marco del Agua, evitando sanciones.

En cuanto a la Ley de Contratos del Sector Público, en trámite parlamentario y que anuncia nuevas fórmulas de contratación, considera Aldonza que no será fácil de poner en práctica, por los problemas que va a acarrear, como el contrato de asociación para la innovación, sustentado por el sistema conocido como compra pública innovadora (CPI). En el mismo trámite se encuentra la Ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los transportes  y los Servicios Postales.

La regulación de la modificación de los contratos va más allá de la Directiva europea y al amparo de la Ley de Desindexación recorta el sistema actual para la revisión de los precios. No aborda el procedimiento para tramitar las emergencias y consagra a Tragsa como medio propio de las Administraciones Públicas.

ASAGUA considera que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue una oportunidad perdida, ya que las competencias en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración continúan residenciadas en las entidades locales.

En cuanto a la aprobación de los planes hidrológicos, conforman programas de medidas en los que todas las Confederaciones Hidrográficas realizarán actuaciones con grandes inversiones, el problema es que no hay dotación para ellas. Los nuevos Planes Hidrológicos, revisados y que han de aprobarse este año, no prometen mejorar la situación, “¡veremos si se aprueban en plazo!”.

España precisa 15.000 millones de euros para invertir en nuevas infraestructuras. Y ni el Plan Hidrológico Nacional, ni la Ley del ciclo integral del agua urbana acaban de materializarse. Urge una ley sectorial que establezca un marco estable y seguro que permita y anime a la inversión privada y un régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico (canon de control de vertidos, tarifas por tramos de consumo para el suministro, canon de regulación y tarifa de utilización del agua), que permita generar ingresos suficientes para cubrir el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes y la ejecución de otras nuevas.

ASAGUA cerró el repaso al sector con la Ley de Desindexación, cuyo objetivo final en materia de Contratos del sector Público, a juzgar por el proyecto de reglamento, es que las revisiones de precios devengan en inexistentes, cuando no hagan devolver dinero. La asociación denuncia que la actual normativa provoca que el Ejecutivo pueda aplicar la norma más conveniente, según el caso. ASAGUA considera que las competencias en materia de aguas deberían trasladarse de los ayuntamientos a otros niveles administrativos, lo que conllevaría la creación de un regulador único.