Adentrándonos en la compra y contratación pública responsable

La utilización estratégica de la compra y contratación pública se ha consolidado en los últimos años como instrumento relevante para la consecución de políticas públicas sociales y ambientales y el avance hacia un desarrollo sostenible

1434 lecturas

Entidad

Fundació ENT

1434 lecturas

27-10-2022

Etiquetas

ENT Environment & Management

sostenibilidad

Son numerosas las administraciones públicas de diferentes niveles territoriales que han desarrollado mecanismos para la promoción de la utilización estratégica de la compra y contratación pública, desde la aprobación de normativa específica y la redacción de guías, planes y protocolos internos, a la organización de jornadas formativas y el desarrollo de espacios y redes para compartir conocimiento y caminar hacia la profesionalización del sector público en este ámbito.

La consideración de la compra y contratación pública como política pública, y no como una simple adquisición de bienes, servicios y obras, se justifica principalmente por la necesidad de mantener una coherencia entre políticas públicas, que permita gestionar los recursos públicos de forma eficiente y eficaz; por la voluntad de evitar o reducir las externalidades negativas vinculadas al consumo; y por su potencial como instrumento de tracción del mercado, dado el elevado volumen económico asociado. En este sentido, según datos de la OECD, en 2019 la compra y contratación pública representó un 13,7% del PIB en los países de la OCDE-UE [1].

En este sentido, la publicación de la Estrategia Europa 2020 [2], que consideraba la contratación pública como elemento clave para promover un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador” y la entrada en vigor de las Directivas 2014/23 /UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, así como la consideración de la compra y contratación pública sostenible como meta dentro del objetivo 12 de “consumo y producción sostenibles” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas [3], favorecieron un cambio de paradigma en la forma de entender los procedimientos de contratación.

Asimismo, la transposición de la normativa europea a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y posteriormente también del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, abrió una ventana de oportunidades que, aunque con matices, ha permitido avanzar en la introducción de cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos.

Sin embargo, a pesar de los avances de los últimos años, según el informe especial sobre contratación pública estratégica de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) [4], publicado en marzo de 2022, el 82,43% de los contratos licitados durante 2020 no incluyeron criterios de adjudicación sociales, ambientales o innovación. Respecto al 17,57% restante, el 20,49% fueron contratos licitados por las Comunidades Autónomas, el 19,94% por la Administración Local y sólo el 12,00% por la Administración General del Estado.

En este sentido, es especialmente relevante el planteamiento de la obligatoriedad de introducir objetivos y criterios ambientales específicos, así como sistemas de seguimiento de la ambientalización, que se prevé introducir a través de la aprobación de normativa sectorial europea, y que se desprende del Pacto Verde Europeo (2019) [5], del Plan de Economía Circular de la UE (2020) [6] y de la propuesta de Reglamento sobre el diseño ecológico de productos sostenibles [7], así como de diversas Comunicaciones de la Comisión Europea [8, 9] e informes del Parlamento Europeo [10].

La materialización formal de la obligatoriedad de incorporar criterios específicos y objetivos ambientales técnicamente avalados por la Comisión Europea en los contratos públicos y la condición de realizar su seguimiento supondrá, sin duda, un fuerte empuje en el ámbito de la ambientalización de contratos y la disposición de datos de seguimiento para la evaluación. Cabe recordar que, hasta el momento, el enfoque voluntario ha sido el prevalente, aunque la LCSP y la normativa sectorial hayan previsto obligaciones de carácter limitado, y a nivel europeo se hayan establecido criterios obligatorios para algunas prestaciones específicas [11, 12, 13].

En este contexto, la Generalitat de Cataluña, con larga trayectoria en la promoción de la contratación pública estratégica, ha aprobado recientemente el Pla de compra pública verda de Catalunya 2022-2025 [14], al que se pueden adherir voluntariamente también los entes locales, y la Estratègia catalana de millora de la compra pública que, entre otras cuestiones, incorpora medidas para el fomento y promoción de la compra y contratación pública responsable en el territorio catalán [15].

Por otra parte, la Generalitat trabaja con el objetivo de regular con rango legal la contratación pública en Cataluña, de forma «sistematizada, completa y simplificada», con una ley adaptada al nuevo contexto normativo, de la que se aprobó la memoria preliminar del Anteproyecto el 28 de junio de 2022 [16], y que, previsiblemente, contribuirá a avanzar en el camino de las adquisiciones públicas sostenibles.

Artículo de Itziar Müller | ENT medio ambiente y gestión

—