ADAP desmonta las afirmaciones de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente sobre la problemática de los purines

La Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) desmiente las afirmaciones engañosas que el ministro de Industria, José Manuel Soria, sostiene sobre las cantidades que supuestamente las plantas de purines habrían recibido superando con creces el valor de su inversión. Soria pasa por alto el hecho de que las cantidades recibidas compensan los costes operativos, además de  remunerar la inversión, por lo que esta afirmación es totalmente engañosa.

Resulta algo más que demagógico, afirmar que un sector que ha invertido casi 600 millones de euros (y no 300 como se ha llegado a decir) se esté lucrando de forma abusiva por haber percibido, como dice el Gobierno, más de 3.000 millones desde su puesta en marcha en el año 1998, ignorando deliberadamente los costes operativos en los que se han incurrido, y que superan los 2.850 millones de euros. Sería como asegurar que un taxista que pagó por su taxi 20.000 euros y fue contratado por el propio ministerio con la exigencia de realizar 200.000 km, tras facturar 200.000 euros por sus servicios, ha recuperado su inversión diez veces. Tanto para el taxista como para las plantas de purines, más del 80% de sus costes se deben al combustible. Lo que habría que analizar es si el precio del servicio y, por tanto, su rentabilidad son adecuados.

En este sentido, y para demostrar la veracidad de esta información,  ADAP ha entregado el estudio elaborado por una consultora de reconocido prestigio y basado en las cuentas auditadas de las empresas del sector que indica que ninguna planta ha llegado a su rentabilidad razonable del 7,4% que, en vano, promete la Ley 24/2013. Y lo que es incluso peor, con la nueva retribución propuesta, además con carácter retroactivo desde julio de 2013, el resultado no es otro que la quiebra económica de las plantas.

El transporte, o sea, el vertido al terreno, no es solución

Por su parte, Agricultura, enfrentada de forma súbita al problema de qué hacer con los purines que hasta ahora procesaban las plantas, no sólo recupera una ocurrencia obsoleta e ineficaz, sino perjudicial, en términos ambientales, que consiste en transportar los purines a unos kilómetros de las granjas porcinas para verterlos masivamente al terreno. Esta “innovación tecnológica” es suficientemente conocida y ha sido rechazada. Eso sí, la Administración se cuida de llamarla “transporte” en lugar de vertido al terreno. Estamos hablando de 2.5 Millones de toneladas anuales vertidas al medio.

Si el transporte fuera la solución, no se hubiesen invertido en los últimos años – y no solo por parte del sector privado, sino también por Comunidades Autónomas – varias decenas de millones de euros en plantas de tratamiento. El problema del transporte es que, realmente, acaba en un vertido con impacto al medioambiente salvo que se realizase en condiciones muy concretas y específicas, imposibles de implementar con 2.5 millones de toneladas de purines de forma generalizada e inmediata, como pretende la Administración. El Código de Buenas Prácticas Agrarias, entre otras consideraciones, establece unas dosis máximas de aplicación de purín como fertilizante en suelos para que los cultivos puedan absorber de forma adecuada las unidades fertilizantes que contienen. La simplificación de esta realidad hace que se pueda considerar la base agraria, esto es, las fincas, como vertederos. Recurriendo de nuevo a términos coloquiales, es como proponer el tratamiento con penicilina para cualquier enfermedad degenerativa, con la justificación de que es mucho más económica; y lo es, pero el paciente fallece.

La conclusión de todo ello es que se van a dilapidar recursos públicos para sufragar una gestión alternativa de los purines, consistente en su vertido; y para ello ya se están publicitando por distintas Comunidades convocatorias de ayudas, orientadas a ese despilfarro.

La infografía adjunta refleja que el traslado no es solución para el sector de los purines.

Moratoria de las plantas

Frente a ello, la ADAP reitera una y otra vez, como solución temporal, una moratoria del régimen económico anterior. ADAP es consciente de que dicha moratoria no supone, en las circunstancias actuales, beneficios económicos para las plantas, pero sí permite abrirlas, seguir solucionando el problema ambiental de los purines, evitar la quiebra de las plantas y el pago retroactivo de cantidades ya percibidas, buscar una salida para los más de 4.000 trabajadores del sector, y disponer de un margen para estudiar soluciones a largo plazo con los Ministerios de Industria y Agricultura, en el caso de este último, con la nueva ministra.

En resumen, ADAP concluye que prorrogar el RD 661/2007 permitiría a las plantas sobrevivir, aún sin alcanzar nunca la rentabilidad razonable, pero al menos daría un margen para buscar soluciones alternativas y evitar los daños al sector ganadero y al medio ambiente, así como la pérdida de empleo, al menos a corto plazo.