Visión del sector del agua para 2021 y retos pendientes

Si en 2020 el sector del agua tuvo un comportamiento ejemplar, no escatimando esfuerzos, actuando con prudencia y aplicando su buen hacer para que el servicio se prestara con toda normalidad y todo ello gracias al esfuerzo de las empresas y de su personal, en 2021 seguirán vigentes esas premisas y también el resultado.

Este año 2021 promete ser el del comienzo de la recuperación para España gracias a los 140.000 millones de euros que se esperan de los fondos europeos de Next Generation EU. Una vez que lleguen, el reto es invertirlos en proyectos que sirvan y hacerlo con transparencia y honestidad, siguiendo los principios que inspiran el Plan, entre los cuales destacan la buena gobernanza y planificación acompañada de una agenda sensata de reformas estructurales.

Los 1.047 millones de euros que el MITERD va a dedicar a recursos hídricos pueden suponer el comienzo de una nueva época para el sector, ya que aunque no son suficientes para solventar sus carencias, sobre todo en lo relativo al ciclo urbano del agua, contribuirán a evitar las sanciones impuestas por Europa a causa de los incumplimientos en materia de depuración y pueden servir para establecer una política del agua que garantice la tan añorada inversión sostenible y sostenida en el tiempo, de modo que dejen de producirse, año tras año, esos picos en la curva de inversiones.

Los 1.047 millones de euros que el MITERD va a dedicar a recursos hídricos pueden suponer el comienzo de una nueva época para el sector contribuyendo a evitar las sanciones impuestas por Europa a causa de los incumplimientos en materia de depuración.

Como es natural los beneficios de la inversión alcanzarán a todos los ámbitos y las masas de agua ganarán en calidad, siempre y cuando todo ello vaya acompañado de planes hidrológicos ajenos a políticas partidistas. Con estas premisas el stock de capital público, sostén y motor de la economía, se revitalizará, incrementará y contribuirá a conseguir una España climáticamente neutra, capaz de afrontar con éxito el cambio climático.

Todo esto, solo será posible si no se olvidan las inversiones en I+D+i, ajustadas a una buena planificación, que como en el caso del agua sean el comienzo de una política que sitúe la inversión anual a nivel de los países más avanzados de Europa (del 3% al 4% del PIB) entre los cuales ha de estar el nuestro por ser su lugar natural.

Para garantizar la inversión efectiva y eficaz de los fondos son necesarias, entre otras cosas, profundas reformas estructurales que agilicen los sistemas de contratación sin menoscabo de los principios que la inspiran en un plano de igualdad de oportunidades, transparencia y libre competencia; reformas que el RDL 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aborda con poco acierto.

Para garantizar la inversión efectiva y eficaz de los fondos son necesarias, entre otras cosas, profundas reformas estructurales que agilicen los sistemas de contratación sin menoscabo de los principios que la inspiran en un plano de igualdad de oportunidades, transparencia y libre competencia.

Tanto a nivel de Europa como de España, en los últimos tiempos son muchas las iniciativas legislativas que apuestan por la economía circular, la lucha contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y un largo etcétera. A nivel europeo cabe destacar la estrategia europea de diversidad para 2030 y la decisión de la Comisión Europea de no modificar la Directiva Marco del Agua, que es norma esencial para la protección del medio ambiente, debiéndose dedicar los Estados miembros a ejecutar las medidas que contempla. Con respecto a España es urgente concluir los Planes Hidrológicos, el Plan DSEAR y conseguir el ahora yacente Pacto Nacional por el Agua.

Siempre hemos defendido la necesidad de desarrollar la colaboración público-privada; idea no secundada por el poder político y que ahora reivindica en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como algo necesario para acrecentar la inversión, lo que es bueno.

Es importante y urgente que las administraciones públicas adopten pliegos de cláusulas administrativas particulares que desincentiven las ofertas económicas poco o nada razonables, garantizando que se cumple la mejor relación calidad-precio en las licitaciones, que es el objetivo de la Ley de Contratos del sector Público, dando más importancia a la oferta técnica que en algunos casos es testimonial. Es incomprensible que en los concursos en los que rigen varios criterios de adjudicación resulte adjudicataria una oferta cuya propuesta técnica no esté entre las mejor valoradas. A conseguir ofertas económicas acordes con el mercado coadyuvará el establecimiento de umbrales de calidad para los criterios subjetivos. Estas acciones redundarán en defensa del interés general.

El buen estado de la conservación y operación de las infraestructuras es clave para el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Existen entes locales que no pueden garantizar esa conservación, con desagradables incidencias en el medio natural. Hay que decidir quién y en qué condiciones se hará cargo de la conservación y operación de esas infraestructuras.

Siguen vigentes la necesidad de un regulador único, de gastar en su totalidad el dinero dedicado a inversiones y de que estas sean vinculantes a nivel presupuestario.

Artículo publicado en el número 228 Enero/Febrero 2021 de RETEMA