Las obras del Decreto de Sequía en Andalucía están ya en marcha y finalizarán a lo largo de este año

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado en comisión parlamentaria que “la Junta de Andalucía se ha adelantado a las circunstancias” y, gracias a ello, todas las obras del Decreto de Sequía ubicadas en las zonas declaradas como de ‘excepcional sequía’ de las cuencas intracomunitarias “están ya en marcha y finalizarán a lo largo del año 2022”. Además, como ha apuntado Crespo, el Gobierno andaluz también ha impulsado actuaciones para respaldar a unos agricultores y ganaderos que “en estos momentos tienen dificultades” también a causa de la escasez de lluvias y la subida de los costes de producción.

“Este es un Gobierno previsor”, ha afirmado la consejera en referencia a que ya en junio de 2021 se aprobó el Decreto de Sequía en Andalucía; en septiembre de ese mismo año se constituyeron las Comisiones de Gestión de la Sequía; y aún antes, en mayo del año pasado, se aprobaron los Planes de Sequía de las Cuencas Mediterráneas y del Guadalete-Barbate. Además, a estos documentos se espera que se sume en los primeros meses de 2022 el Plan de Sequía del Tinto-Odiel-Piedras, que ya cuenta con información favorablemente por parte del Consejo del Agua de esta demarcación.

En su intervención, Carmen Crespo ha informado de que, en menos de un año, la actual Junta de Andalucía ha movilizado “una inversión de 17,8 millones de euros en emergencia para paliar la sequía” y se están estudiando nuevas “medidas adicionales” en cada uno de los sistemas de las cuencas intracomunitarias “debido al avance del año hidrológico sin precipitaciones”. Además, como ha recordado la consejera, su Departamento está trabajando en un plan de aguas regeneradas que permitirá generar hasta 43 hm3 en Andalucía para continuar aportando recursos hídricos adicionales. “Gracias a poner en marcha las depuradoras, podemos ahora tener aguas regeneradas”, ha aseverado.

La responsable de Desarrollo Sostenible ha informado de que la capacidad hídrica de las cuencas intracomunitarias se encuentra al 36.61%, un porcentaje que supone un descenso del 15,5% respecto al pasado año (612,36 hm3 menos). Ante esta situación, Crespo ha recordado que la Junta ha movilizado 1.500 millones de euros en políticas de aguas en lo que va de legislatura. 

Por otro lado, la consejera ha insistido en que “hay que pedir al Gobierno central las obras que son de interés general del Estado” y que aún están pendientes en Andalucía porque “sin agua no hay presente ni futuro, porque no hay crecimiento”. Carmen Crespo ha detallado que es necesario solicitar, entre otros proyectos, la ejecución del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, de la presa de Alcolea y del Túnel de San Silvestre; la ampliación de las desaladoras de Carboneras, Bajo Almanzora y Campo de Dalías;  la conducción de la Venta del Pobre a Tabernas; las conducciones derivadas de las presas de Rules y Siles; o la desalación en la Axarquía y la ampliación de la desaladora de Marbella. La consejera ha lamentado que en Andalucía no se haya empezado aún ninguna de estas infraestructuras.

Actuaciones para mitigar la sequía por sistemas

En su discurso, Carmen Crespo ha puesto en valor que el Gobierno andaluz ha trabajado “teniendo muy presente la gravedad de la situación en algunas zonas” y ha apuntado que actualmente se encuentran en situación de ‘excepcional sequía’ los sistemas Viñuela-Axarquía, Cuevas del Almanzora, Barbate y Campo de Gibraltar.

Respecto a las acciones de la Junta en estas zonas, en el sistema Cuevas del Almanzora se ha puesto en marcha la actuación de emergencia de mejora de municipios del Valle del Almanzora con recursos procedentes del embalse de Cuevas del Almanzora y/o la desaladora de Carboneras; se están poniendo a punto los pozos del Pelotar; se han solicitado los volúmenes máximos de los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora; y se ha requerido que las desaladoras trabajen para su producción máxima. 

Por otro lado, en el sistema Viñuela-Axarquía se ha concluido ya una actuación incluidas en el Decreto de Sequía relativa al aumento de capacidad de los vasos y túneles de las pesas de derivación de la Viñuela-Axarquía y que permite aprovechar al máximo el agua de lluvia en una zona especialmente seca. Además, el Gobierno andaluz está trabajando en la finalización de los Pozos del Río Chíllar; ha puesto en marcha la mejora de la Estación de Bombeo de la Rosaleda en Málaga para hacerla reversible; y está ejecutando el aumento de la capacidad de tratamiento de agua salobre de la Instalación Desaladora de Agua Salobre (IDAS) El Atabal, así como los terciarios de las aguas regeneradas en las Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vélez-Málaga/Torre del Mar, Algarrobo, Rincón de la Victoria y Torrox.

Por último, en el sistema Campo de Gibraltar, Desarrollo Sostenible está realizando obras del Decreto de Sequía encaminadas a generar recursos adicionales. En concreto, se ha finalizado y está en fase de pruebas el bombeo de los pozos de La Viñuela en el Río Guadiaro; se están ejecutando los trabajos relativos al tratamiento de fangos en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Arenillas; y se han puesto en marcha las actuaciones ligadas a los pozos del Pinar del Rey, que están pendientes de conexión eléctrica.

Medidas para apoyar al sector agrario

Por otro lado, Carmen Crespo ha comentado también en la Comisión algunas de las medidas que está poniendo en marcha e impulsado el Gobierno andaluz para respaldar a los agricultores y ganaderos andaluces afectados por la sequía. La consejera ha afirmado que, como viene siendo habitual, su Departamento ha actuado en “diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, que han participado en el procedimiento de aprobación del Decreto de Sequía, de los Planes Especiales y de la planificación hidrológica” en general.

“La sequía es un asunto nacional por la cantidad de territorios afectados y, por esta razón, el lunes solicité al ministro la constitución de una mesa nacional de la sequía para fijar medidas de apoyo al sector agrario”, ha apuntado Crespo. Al respecto, ha explicado que su objetivo sería “arbitrar soluciones y medidas de apoyo para nuestros agricultores en forma de ayudas, exenciones fiscales o préstamos bonificados, para reducir el efecto de la sequía sobre la rentabilidad de las explotaciones”. 

Por su parte, como ha explicado la responsable de Agricultura, la Consejería ha puesto en marcha diversas medidas entre las que se encuentra la autorización excepcional, a finales de 2021, de la alimentación convencional del ganado ecológico cuya alimentación se basa en los pastos, cultivos de secano y la vegetación silvestre; “y en febrero hemos prorrogado esta excepción hasta el 31 de marzo del año 2022 para la ganadería de mamíferos y el 30 de abril para la apicultura”. 

Además, desde Andalucía se ha solicitad al Ministerio que plantee a la Comisión Europea la posibilidad de conceder una autorización carácter excepcional en la campaña 2022 del pastoreo en aquellas superficies de interés ecológico que los agricultores están obligados a dejar en barbecho “sin que les penalice para el cobro del pago verde”. “Y hemos trasladado al Ministerio una petición de reducción general del índice de rendimiento neto en el año 2021 del 50% para todos los sectores agrícolas y ganaderos por la situación actual de sequía y de aumento de los costes de producción”, ha añadido la consejera, para quien es “el momento idóneo para hacer esa rebaja fiscal absolutamente necesaria”.

Carmen Crespo ha recordado que, entre otras medidas impulsadas ya por el Gobierno andaluz, se encuentra también su petición de que “cambie la situación” actual para que, “en los periodos en los que no hay campaña de riego, el agricultor no tenga que soportar el gasto fijo de potencia contratada”. La consejera ha lamentado que los ganaderos están sufriendo el efecto de las subida de los costes de producción que, sumados a la escasez de pastos en el campo y la necesidad de complementar la alimentación de los animales con forrajes, está afectando a la rentabilidad de las explotaciones.