La economía social, una aliada en la aplicación de la nueva normativa de gestión de residuos textiles

La industria textil es la segunda más contaminante de todo el planeta, su impacto ambiental es tal, desde su proceso de producción hasta el de deshecho, que la Unión Europea ha establecido un nuevo marco normativo que los Estados miembros deberán implantar el 1 de enero de 2025, como fecha límite. En ese horizonte tan cercano, las administraciones municipales deberán implantar sistemas de recogida separada de los residuos del textil y el calzado, enfrentando el desafío de propiciar la recogida selectiva de la mayor cantidad posible de esta tipología de residuo.

El modelo imperante en los municipios españoles ha estado, hasta el momento, unido a la donación voluntaria de la ciudadanía para su posterior recogida, clasificación y preparación para la reutilización. Este trabajo ha estado ligado, desde hace casi cuarenta años, a las empresas de inserción social, que asumen esas tareas mediante la instalación de contenedores en la vía pública y que han posibilitado la recogida separada de más de la mitad de los residuos textiles y de calzado a nivel estatal.

El valor de las empresas de inserción para responder a la nueva legislación

Ahora, la entrada en vigor de la obligatoriedad de recoger separadamente todos los residuos textiles y del calzado, convierte a las empresas de inserción, como Koopera, en un valioso recurso para las entidades locales que tienen que ajustarse a la nueva legislación, debido a su amplia experiencia previa.

Además, tanto la legislación española como la europea han reconocido la labor que hacen este tipo de empresas en el ámbito de la gestión de residuos. Un ejemplo se recoge en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que impone la reserva de un 50% del importe de los contratos públicos de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Esta normativa viene a reconocer el papel de las empresas de inserción como un agente de gran valor en la gestión de residuos textiles, una tipología de entidad que desarrolla su actividad en torno a los tres pilares de la sostenibilidad: el medioambiental, el económico y el social, proporcionando un trabajo digno y un acompañamiento social y laboral para personas en situación o riesgo de exclusión social.

Los retos del nuevo modelo de recogida

El nuevo modelo de recogida y reutilización de moda y calzado derivará en más costes tanto de recogida como de clasificación y preparación para su reutilización y, ni las entidades locales, ni las entidades de la economía social que los gestionan están en disposición de soportar este aumento. En este marco, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores (SCRAP) del sector textil y del calzado, que entrarán en vigor en abril de 2025, tendrán la obligación de reintegrar esos costes a las haciendas locales. Al mismo tiempo, la Comisión Europea propuso una nueva modificación de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y, en concreto, en lo que se refiere a residuos textiles y de calzado. Esas modificaciones se orientan a armonizar los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores (SCRAP) de este tipo de residuos, protegiendo los puntos de recogida selectiva de la economía y las empresas sociales, eximiendo de la entrega de las prendas que se vayan a destinar directamente a su reutilización, y promoviendo la participación de las empresas sociales en los sistemas de recogida que organicen o financien los SCRAP.

Con un marco legislativo adecuado, las empresas de economía social podrán continuar realizando su labor de gestión de este tipo de residuos de un modo eficaz y eficiente.

Con un marco legislativo adecuado, las empresas de economía social podrán continuar realizando su labor de gestión de este tipo de residuos de un modo eficaz y eficiente, lo que requiere que las entidades locales apuesten por la contratación reservada de las empresas de inserción para la recogida de residuos textiles. Estas medidas, junto con el adecuado cumplimiento de los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores, son elementos imprescindibles para la alcanzar tanto los objetivos de la economía circular como los de promoción y protección de la economía social que, precisamente, se retroalimentan.