El informe de la Comisión de Expertos apunta a un futuro más renovable con una adecuada fiscalidad energética

El informe presentado ayer al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital constata un futuro energético basado en renovables. La Comisión de Expertos sobre transición energética ha propuesto una reforma fiscal energético-ambiental que recoge el principio de “quien contamina, paga”. En sus escenarios, el autoconsumo y la generación distribuida tienen una gran importancia en la futura Transición Energética, así como las renovables térmicas (como biomasa, biogás o geotérmica) que serán fundamentales para alcanzar los objetivos en los sectores difusos. En el caso de la eólica, el escenario base parece poco ambicioso dada la capacidad industrial y el potencial exportador de nuestro país. La fotovoltaica es la única tecnología que crece por encima del desarrollo de los últimos años. Se obvia la capacidad de respaldo de algunas tecnologías renovables como la biomasa. La Comisión reconoce la positiva contribución de los biocarburantes pero las propuestas para 2030 no son compatibles con las normativas europeas actuales ni futuras.

Tras seis meses de trabajo, la Comisión de Expertos sobre transición energética hizo llegar ayer su informe final al ministro Álvaro Nadal. El informe tiene a las renovables como centro en su análisis de las distintas opciones energéticas, apostando por una mayor penetración de estas tecnologías.

Un futuro renovable que no se cuestiona

En los múltiples escenarios presentados por la Comisión de Expertos, el común denominador ha sido la mayor presencia renovable en las próximas décadas, acorde con la tendencia mundial de la que España se ha desvinculado en los últimos años.

Es necesario que los escenarios contemplados por el Ministerio sean consecuentes con los objetivos que se están debatiendo en la Unión Europea: entre el 27% y el 35% de la energía. Llama la atención que algunos de los escenarios presentados por la Comisión no tengan esos objetivos como mínimo y, sin embargo, se planteen escenarios alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que un planteamiento factible.

Fiscalidad energético-ambiental

La reforma fiscal propuesta por la Comisión de Expertos es un paso positivo y necesario para mandar una señal clara de precios al sector energético. El documento reconoce de forma expresa que “no se internalizan adecuadamente los costes ambientales de la energía”. Esta es una de las reclamaciones que el sector renovable viene realizando en los últimos años. “Es necesario que se acometa una fiscalidad ambiental conforme al principio de que quien contamina, debe pagar”, ha explicado el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig. “Si la Transición Energética es un objetivo real, es importante mandar una señal de precios clara al mercado. Llevamos muchas décadas en las que la contaminación no se ha internalizado en el coste energético”, ha comentado Villarig.

Constatación del efecto depresor

El informe final de la Comisión no solo constata el efecto depresor que las renovables producen en el precio del mercado mayorista de la electricidad (pool) sino que le da una especial importancia al considerar que “es previsible la necesidad de contar con otros mecanismos retributivos complementarios” para garantizar que determinadas tecnologías puedan recuperar los costes fijos ante la aún mayor disminución del precio de mercado de la energía eléctrica.

Desde APPA Renovables no se baraja la posibilidad de que las centrales renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético. “Las renovables poseen costes y beneficios que no debemos disociar, de igual manera que se produce un importante ahorro en el mercado mayorista y se refleja en el sistema, los costes deben también imputarse en el mismo sistema”, ha aclarado el presidente de APPA Renovables.

No se valora la complementariedad y valor de algunas renovables

El desarrollo de la eólica en España ha sido un caso de éxito, por lo que la falta de objetivos más ambiciosos para esta tecnología hace pensar que no se ha valorado suficientemente la capacidad industrial nacional, el potencial exportador del país y el alto grado de desarrollo alcanzado en la I+D+i de esta tecnología. Desde APPA Renovables, echan en falta que no se haya tenido en cuenta la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables y el potencial de recurso eólico existente en la Península, constatado en este primer trimestre del año.

Los distintos escenarios valoran muy positivamente la contribución de la energía solar fotovoltaica en la futura Transición Energética, una tecnología que, gracias al esfuerzo inversor del pasado, hoy es competitiva. El desarrollo propuesto por el informe se refiere tanto a grandes plantas como a generación distribuida y autoconsumo. Según la propia Comisión de Expertos, para su desarrollo, es necesario contar con una regulación específica.

En el caso de la generación eléctrica con biomasa, llama la atención que no haya sido tenida apenas en cuenta cuando el propio informe habla de su capacidad de respaldo y considera “importante” plantear subastas específicas por tecnologías, reconociendo las distintas características de las tecnologías renovables. Esta tecnología, que tiene un potencial de 8.000 MW adicionales, aportaría al mix nacional gestionabilidad, firmeza y ayudaría a garantizar la seguridad de suministro.

“España cuenta con un magnífico recurso renovable, lo que se traduce en un importante potencial para acometer la Transición Energética. La Comisión debería haber considerado la complementariedad de las distintas tecnologías y la capacidad industrial existente en el país como base para el desarrollo del sector”, ha declarado José Miguel Villarig.

Sectores difusos: usos térmicos y transporte

El informe habla de la necesidad de utilizar las renovables térmicas (como la biomasa, el biogás o la geotermia), tanto a nivel de hogares individuales como en sistemas centralizados de redes de calor y el necesario estudio del uso de renovables térmicas en la industria.

En el caso del transporte, el documento ignora el importante papel que deben jugar tanto los biocarburantes convencionales como los avanzados para la consecución de los objetivos de descarbonización y energías renovables previstos para 2030 en la Unión Europea, tal como recoge un reciente informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), especialmente en subsectores de difícil electrificación como la aviación y el transporte de mercancías por carretera. Sorprende también la falta de consideración mostrada por la Comisión sobre el grave impacto que podrían tener sus propuestas en la supervivencia de la industria española de biocarburantes y sobre la importancia de disponer de un mix diversificado de fuentes renovables en el transporte.

Por último, el informe no tiene en cuenta aquellas tecnologías renovables en fase de investigación y desarrollo que puedan jugar un importante papel en las próximas décadas como la minieólica o las energías marinas, que la Unión Europea considera que podrían aportar en torno al 15% de la electricidad en 2050.