Galicia invertirá más de 100 millones de euros en 2022 para apoyar a los municipios en la gestión del ciclo del agua

La consejera de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha señalado en el Parlamento gallego que los presupuestos de la Xunta para el próximo año destinan más de 100 millones de euros a apoyar a los municipios en sus competencias de saneamiento, abastecimiento y depuración.

Vázquez Mourelle intervino en el Parlamento de Galicia, donde detalló que prácticamente todo el presupuesto de Aguas de Galicia está destinado a colaborar con las administraciones locales en sus funciones hidráulicas.

En concreto, el próximo año se reservarán alrededor de 75 M € para obras relacionadas con los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, de los que más de la mitad se dedicarán al saneamiento de rías. Además, se destinarán unos 26 M € a la gestión de servicios, principalmente de las 28 depuradoras municipales que la Xunta tiene actualmente en funcionamiento.

El consejero ha destacado que la Xunta de Galicia viene movilizando 1.100 millones de euros desde 2009 en acciones de saneamiento y depuración para apoyar a los ayuntamientos en sus competencias.

Ley del ciclo del agua

En este sentido, ha destacado que para regular, ampliar y extender este apoyo de la Xunta a los ayuntamientos en sus responsabilidades hidráulicas, la Xunta está tramitando la Ley para mejorar la gestión del ciclo del agua, basada en los principios de igualdad, eficiencia y corresponsabilidad.

Ethel Vázquez señaló que se trata de ayudar a aquellos municipios que quieran optimizar y profesionalizar todos los servicios relacionados con el ciclo del agua.

En su intervención explicó que la gestión del agua requiere la implicación de todas las administraciones: la de los municipios por ser competentes en la materia; la Xunta para ahondar en la línea de actuación que se está desarrollando en los últimos años y las Diputaciones, para apoyar a las entidades locales, especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Recordó que la ley surge de la constatación de que el funcionamiento de la mitad de las depuradoras de Galicia que gestionan los ayuntamientos es deficiente y las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento rondan el 30%. Y advirtió que la mala gestión de los servicios del ciclo integral del agua perjudica el medio ambiente, la salud pública y la actividad económica, ya sea la pesca, el marisqueo, la acuicultura o el turismo.

En este sentido, reiteró que la nueva ley aporta soluciones a la problemática de los municipios, que pueden solicitar voluntariamente la adhesión a este modelo de gestión por parte de Aguas de Galicia.

Puso como ejemplos municipios como Tomiño, donde la planta de tratamiento está saturada de agua de lluvia de las redes municipales. Señaló que, a pesar de ser un concurso y una instalación municipal, Aguas de Galicia lleva 16 años gestionando esta planta de tratamiento y ya ha realizado mejoras para asegurar su correcto funcionamiento. Informó que este exceso de agua de lluvia en la red de saneamiento municipal supone un coste adicional de 120.000 euros anuales en la gestión de la depuradora, que asume la Xunta y, en consecuencia, todos los gallegos.

También recordó que la depuradora de Rianxo recibe vertidos que son consecuencia directa de la mala gestión del Ayuntamiento de sus redes de alcantarillado. También en este caso, indicó que la Xunta está intentando paliar la situación, invirtiendo 14 M € en las obras.

Transparencia y participación

Ethel Vázquez explicó que la Xunta está tramitando el anteproyecto de ley con la mayor transparencia, sometiéndolo a información pública en un proceso cuyo plazo se ha prorrogado dos veces.

También se organizaron diversas presentaciones del anteproyecto de ley, que fueron convocadas, entre otros, por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, Fegamp y las empresas operadoras de los servicios de agua.

Ethel Vázquez señaló que se están analizando los aportes recibidos, incorporando los que se estimen oportunos para luego someter el texto a la Junta Directiva para, una vez aprobado, iniciar su tramitación y debate parlamentario.

Remarcó que el anteproyecto de Ley para la mejora de la gestión del ciclo integral del agua no implica la creación de tarifas para los usuarios y solo prevé reordenar los tributos existentes, aplicable solo en los municipios que se adhieran a este modelo.