Las empresas gallegas del sector residuos reclaman agilizar las autorizaciones ambientales para el desarrollo del sector

Empresas gallegas del sector residuos y representantes de la Administración local y autonómica aprecian las novedades introducidas por la reciente Ley 9/2013 de Emprendimiento y de la Competitividad Económica de Galicia, que suprime las licencias municipales de apertura previa a la instalación y al inicio de la actividad.  No obstante, y pese a estos avances, reclaman que los cambios se apliquen también al trámite de las autorizaciones ambientales, que puede extenderse hasta dos años.

Ésta es la conclusión principal de la jornada ‘Licencias Municipales, nueva normativa y cómo afecta a las empresas del sector de la gestión de residuos’ organizada ayer en Santiago de Compostela por la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia (APROEMA). La mesa presidida por el presidente de la Asociación, Javier de la Cerda, al que acompañaron como ponentes Santiago Cristín, abogado y consultor ambiental; María Pardo, concejal de Desenvolvemento Urbano e Sostible del Concello de Santiago; y Carlos Calzadilla, subdirector Xeral de Avaliación Ambiental de la Xunta de Galicia.

Cristín explicó los mecanismos de la nueva normativa, por las que las actividades de gestión de residuos en Galicia dejan de estar sometidas a una licencia de inicio de actividad y, en su lugar, lo están a una comunicación previa que se debe acompañar con una memoria de actividad, el justificante de pago de los tributos municipales, una declaración responsable de cumplimiento de la legalidad, la documentación técnica exigible y la autorización ambiental.

La declaración responsable es clave dentro esta miríada de documentos. De esta forma, los técnicos municipales centrarán sus inspecciones en plantas de gestión de residuos que ya están en funcionamiento y en las que se pueda comprobar de forma realista si cumplen o no con los estándares. Controles que, por otra parte, se realizan con frecuencia al tratarse de un sector fuertemente regulado.

Para Cristín la ley encierra un “cambio de filosofía”: “Pasamos de un control previo a un control a posteriori. Ahora todo es mucho más eficaz, y no merma tanto la creación de empresas, que ya no tienen que hacer frente a plazos dilatados en este caso.  En esa subida al Everest que es empezar una actividad de residuos, la montaña se reduce”.

Un concello pionero

Dentro de este nuevo panorama, la administración de Concello de Santiago de Compostela es pionera en la aplicación de estos nuevos requisitos agilizadores. Así, Pardo comentó que, cuando accedió al cargo de concejal en julio de 2011, llegó a firmar licencias correspondientes a cuatro años antes.

“Incluso había casos en  los que la licencia llegaba cuando el negocio ya había cerrado, lo cual es un sinsentido absoluto”, describió antes de destacar la modificación de la Ordenanza de Actividades del ayuntamiento en 2012, que ya permitía las comunicaciones previas y declaraciones responsables. “Nos hemos adelantado a la ley autonómica, por eso tendrá un efecto menor en el Concello de Santiago”, apostilló la concejal.

Las autorizaciones ambientales, asignatura pendiente

Aunque las comunicaciones previas como tal  son una herramienta útil para minimizar cargas burocráticas para el gestor de residuos, éste todavía tiene que hacer frente a otro obstáculo: conseguir la autorización ambiental que debe ser presentada en la comunicación previa.  El problema, otra vez, vuelve a ser de plazos, ya que el  proceso, en algunos casos como la autorización ambiental integrada se puede alargar hasta dos años.

“Espero que esta filosofía también vaya a las autorizaciones sectoriales, en general, que se agilicen. Es difícil que se cambie el régimen de autorización de la actividad de gestión de residuos, pero se trata de avanzar hacia el control a posteriori y de eliminar tantas trabas iniciales”, indica Cristín.

El subdirector de Calidade e Avaliación Ambiental comparte esta visión al considerar que “lo ideal sería otorgar autorizaciones ambientales antes del inicio de las obras de una planta de gestión de residuos”. Calzadilla, asimismo, comentó las novedades normativas que afectan al sector de residuos, como son el establecimiento de un procedimiento de evaluación de impacto simplificado, o las nuevas actividades que pasas a estar sometidas a autorización ambiental estratégica.

Por su parte, Javier de la Ceda reiteró el compromiso de APROEMA de colaborar con las Administración Autonómica para “aportar el punto de vista del sector” previo a la elaboración de las normas que le afecten, y en el establecimiento de criterios comunes a la hora de tramitar las autorizaciones de gestor de residuos.