Las empresas de la Comunidad Valenciana emiten GEI por valor de más de 42 millones de euros

Las instalaciones de la Comunidad Valenciana con autorización para la emisión de gases de efecto invernadero han realizado emisiones que equivalen a unas transacciones en el Registro de la Unión para el Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto de Invernadero de 42,8 millones de euros. Así se desprende de los informes anuales de emisiones que presentan las empresas afectadas la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental. 

Según este balance, que incluye a las 185 instalaciones que se han visto ante la obligación de presentar el informe, las emisiones verificadas durante 2016 han sido 9.034.760 toneladas de gases de efecto invernadero. Esta cantidad es un 32% superior a la asignada gratuitamente para ese año para las instalaciones de la Comunidad Valenciana, adoptada por el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Economía y Competitividad, de Industria, Energía y Turismo , y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Teniendo en cuenta estos datos, se observa que se ha producido un déficit respecto a los derechos asignados de 2.191.985 toneladas de CO2 (más de 10 millones de euros si se tiene en cuenta el precio de mercado de 4,74 euros / tonelada de CO2). Por sectores de actividad, el sector cerámico es el que más emisiones ha producido con un 30,2% del total. Le siguen el sector del cemento (22,5%) y el de la generación eléctrica (20,7%). 

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión afecta 185 instalaciones de la Comunidad Valenciana de diferentes sectores industriales: producción de energía, cementeras, cerámica, vidrio, etc. Estos sectores cubren un 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. El restante 60% corresponde a "emisiones difusas" en sectores no incluidos en el régimen de comercio de derecho. 

Los derechos de emisión asignados constituyen la cantidad global de toneladas equivalentes de dióxido de carbono que el Estado permite emitir, de forma gratuita, en las instalaciones afectadas por el comercio de derechos de emisión, de manera que se puedan cumplir los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en el marco del Protocolo de Kyoto. La asignación gratuita a las instalaciones, año a año, se ha visto recortada y ajustada, por lo que no se ha producido el excedente de periodos anteriores. Como consecuencia de los recortes y ajustes, el déficit aumenta cada año. 

Con este sistema de reducción gradual de derechos, se pretende disminuir la oferta para que el precio de la tonelada de CO2 equivalente aumente, incentivando así a las empresas a reducir sus emisiones. Hasta el momento el precio se ha mantenido en niveles demasiado bajos, por lo que la Comisión Europea está revisando el sistema de comercio de derechos de emisión para establecer un fondo de reserva que permitirá aumentar los precios de CO2 para que sea posible alcanzar los objetivos de reducción de emisiones previstos en el acuerdo de la COP 21 de París.