La Comisión Europea propone reforzar la protección del medio ambiente a través del derecho penal

La Comisión ha adoptado una propuesta para una nueva Directiva de la UE para reprimir los delitos ambientales, cumpliendo con un compromiso clave del Pacto Verde Europeo. La propuesta tiene por objeto aumentar la eficacia de la protección del medio ambiente obligando a los Estados miembros a adoptar medidas de derecho penal. Define nuevos delitos ambientales, establece un nivel mínimo de sanciones y refuerza la eficacia de la cooperación policial. También obliga a los Estados miembros a apoyar y ayudar a las personas que denuncian infracciones medioambientales y cooperan con la aplicación. Esta propuesta ayudará a proteger la naturaleza y los recursos naturales, así como la salud y el bienestar públicos.

Principales objetivos de la propuesta

La propuesta establece nuevos delitos ambientales en la UE, incluido el comercio ilegal de madera, el reciclaje ilegal de buques o la extracción ilegal de agua. Además, la propuesta aclara las definiciones existentes de delitos ambientales, proporcionando una mayor seguridad jurídica.

La Comisión propone establecer un mínimo común denominador para las sanciones por delitos ambientales. Cuando un delito cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona, los Estados miembros deben prever al menos una pena de prisión de hasta diez años. El proyecto de directiva también propone sanciones adicionales, incluida la restauración de la naturaleza, la exclusión del acceso a la financiación pública y los procedimientos de contratación o la retirada de permisos administrativos.  

La propuesta también tiene como objetivo hacer más eficaces las investigaciones y los procesos penales pertinentes. Brinda apoyo a los inspectores, la policía, los fiscales y los jueces mediante capacitación, herramientas de investigación, coordinación y cooperación, así como una mejor recopilación de datos y estadísticas. La Comisión propone que cada Estado miembro desarrolle estrategias nacionales que garanticen un enfoque coherente en todos los niveles de ejecución y la disponibilidad de los recursos necesarios.

La propuesta ayudará a la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos. Los delitos ambientales a menudo afectan a varios países (por ejemplo, el tráfico ilícito de vida silvestre) o tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, en el caso de la contaminación transfronteriza del aire, el agua y el suelo). Las autoridades policiales y judiciales solo pueden abordar estos delitos cuando trabajan juntas a través de las fronteras.

La Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros ofreciendo a los agentes del orden y sus redes profesionales una plataforma para debates estratégicos y proporcionándoles asistencia financiera. Por último, dado que los delitos contra el medio ambiente son un fenómeno mundial, la Comisión seguirá promoviendo la cooperación internacional en este ámbito.

El Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus  Sinkevicius, afirma que: “los delitos ambientales causan daños irreversibles a largo plazo en la salud de las personas y al medio ambiente. Sin embargo, son difíciles de investigar y llevar ante la Corte, mientras que las sanciones tienden a ser débiles. Por eso necesitamos fortalecer nuestro derecho penal ambiental. En un momento en el que la comunidad internacional discute el crimen del ecocidio, un alto nivel de protección ambiental no solo es importante para las generaciones presentes sino también para las futuras, ya que redoblamos nuestros esfuerzos para combatir la degradación ambiental”.