Autorizado el convenio para encomendar actividades de gestión del dominio hidráulico a la URA

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización provisional para suscribir un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (y sus organismos autónomos adscritos Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del Ebro) y el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (y su Agencia Vasca del Agua) por el que se encomiendan diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio del País Vasco a la Agencia Vasca del Agua.

El convenio será de aplicación en el País Vasco, en las cuencas no comprendidas íntegramente en dicho ámbito que vierten sus aguas al mar Cantábrico, con excepción de la del río Bidasoa y, en la cuenca del Ebro, con excepción de los cauces limítrofes con otras Comunidades.

Tras la aprobación del convenio, la Agencia Vasca del Agua tramitará parte de las autorizaciones referentes al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía de cauces; ejercerá las tareas de policía del dominio público hidráulico y de vigilancia y control; tramitará los expedientes sancionadores hasta la propuesta de resolución; y elaborará propuestas a las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del Ebro en tareas de prevención y control de la contaminación, entre otras actuaciones.

Como compensación por las actividades objeto del convenio, la Agencia Vasca del Agua recibirá anualmente 750.000 euros por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CONVENIO SUSCRITO DESDE 1994

Este convenio, con una duración inicial de cuatro años, dará continuidad al suscrito en 1994 por el que se encomendó a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su ámbito territorial, la tramitación de autorizaciones relativas al dominio público hidráulico, así como la policía del mismo, en las cuencas hidrográficas Cantábricas y del Ebro.

Los cambios legislativos que han tenido lugar desde 1994 obligan a la revisión y adaptación de los términos del convenio, así como a reforzar las medidas de ordenación de la actividad administrativa para incrementar la eficacia en la gestión de las funciones encomendadas. Además, el nuevo acuerdo amplía las áreas a encomendar  a La Comunidad Autónoma.