Agua y cambio climático en España. Algunas cuestiones ante un futuro incierto

El incremento en la intensidad y frecuencia de los impactos vinculados a la incidencia del cambio climático, no hacen sino dejar en evidencia el error por parte de las sociedades humanas para plantear las respuestas ante este fenómeno. 

Esto es, entender el cambio climático como un problema principalmente medioambiental, cuyo arreglo debería recaer en una macroestructura que integrara soluciones científico-técnicas y mecanismos económico-financieros, reflejo del sistema económico imperante.

30 años después ese sistema demuestra sus fallas año tras año, Cumbre del Clima tras Cumbre del Clima. Seguimos sin entender, ni asumir que el cambio climático es un problema eminentemente social. Somos incapaces, como civilización, de introducir las necesarias, y cada vez más radicales, transformaciones sociales, que permitan una reducción radical en el consumo de combustibles fósiles y dejar de lado el paradigma del crecimiento perpetuo.

Considerando la cuestión del agua, comprender que el componente social es fundamental, más allá de los avances tecnológicos o los mecanismos financieros, también nos podría permitir plantear mejores respuestas ante el reto de la escasez, disponibilidad, gestión y consumo de los recursos hídricos. 

La tecnología y los mecanismos económico-financieros pueden ser importantes, pero ante el cambio climático las respuestas y el compromiso social deben articular el resto de actuaciones.

Nos centramos en España, ya que no es un país ajeno a fenómenos relacionados con el cambio climático. Por un lado el Mediterráneo es el mar que más rápido se calienta del mundo, haciéndolo un 20% más rápido que la media mundial.

Si, nuestro mar se calienta y se muere. Pero también nuestra tierra se seca, tal y como vemos en el sureste peninsular, pero también observándose en los archipiélagos, o incluso en otras zonas más al norte de la península. Fenómenos que evidencian la creciente aridización y desertificación de nuestro territorio, además de sufrir más sequías o variaciones en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. 

Junto a los desafíos climáticos podemos añadir el problema de la sobrepoblación. Por ejemplo, las provincias y ciudades autónomas del litoral mediterráneo alcanzan casi los 20 millones de habitantes, el 41,8 por ciento del total de la población de España. Recordemos que estas cifras aumentan de forma significativa en el periodo estival debido al turismo. 

¿Un desafío añadido? La sobreexplotación y las prácticas intensivas en la utilización del agua, que inciden en el proceso de desertificación y hacen que avance desde el sureste al centro peninsular.

Volvamos al dilema planteado en el inicio. La tecnología y los mecanismos económico-financieros pueden ser importantes, pero ante el cambio climático las respuestas y el compromiso social deben articular el resto de actuaciones.

Disponemos de la tecnología. Por ejemplo, España dispone de más de 750 plantas desaladoras, aunque existe un número importante que están paradas o infrautilizadas. Es necesario superar problemas interrelacionados que limitan la utilización y reconocimiento del agua desalada como su alto coste y el de la energía para producirla, en especial en estos tiempos de alta volatilidad, la falta de demanda o el déficit de infraestructuras que conecten ese agua desalada a las redes de distribución.

Los mecanismos de gestión del agua también son fundamentales al ser un servicio esencial para la vida y la salud, lo que implicar hacer frente a cualquier visión mercantilista. En España, la remunicipalización y el consiguiente refuerzo del carácter público de los sistemas de gestión del agua a nivel municipal, deben redundar positivamente en el carácter solidario de la población ante el reto del cambio climático. 

Del mismo modo, el establecimiento de consorcios de agua que agrupen los servicios de diferentes municipios, permiten reforzar ese carácter solidario, así como reducir costes y articular de una forma más natural los territorios y la gestión de los recursos hídricos.

No obstante, las aportaciones desde los ámbitos tecnológicos o de gestión no tendrán recorrido si la sociedad en su conjunto no consigue reconocer los problemas expuestos y articular un compromiso indiscutible.

Ese compromiso pasa en primer lugar por entender la incertidumbre que genera el cambio climático, pero también su interrelación con cuestiones, igualmente inciertas, como la ruptura en las cadenas de suministros y/o escasez de energía, combustibles fósiles, alimentos, materias primas, productos elaborados o recursos hídricos.  

Reconocer esa incertidumbre, implicaría conformar una conciencia colectiva, reforzando la solidaridad y la cohesión social, dirigiendo nuestras sociedades hacia unos modelos de gestión solidaria de bienes básicos como el agua.

Modelos que planteen, entre otras cuestiones, la relación entre los habitantes urbanos de zonas costeras y los sectores agrícolas, y si deberían sufragar el agua (desalada) de los cultivos que les van a alimentar; potenciando la circularidad y la reutilización del agua; identificando si nuestras instituciones son idóneas para enfrentar los desafíos propuestos y reformándolas en su caso; planteando la compatibilidad de los derechos individuales en el acceso al agua con los objetivos y necesidades colectivas y por tanto; detener la sobreexplotacion, las prácticas agrícolas intensivas y el excesivo uso de agua. 

Frente a una clase política, grupos de presión económicos o incluso ciudadanía en general que parecen actuar al unísono en base a objetivos cortoplacistas, es necesario plantear escenarios a futuro, que aun huyendo del catastrofismo, sean lo más realistas posibles a pesar de la incertidumbre. Frente a esa infantilización de la sociedad, debemos ser capaces de reforzar una conciencia colectiva y cohesión social cada vez más necesaria, en especial al referirnos a la seguridad hídrica y garantizar los usos de abastecimiento de la población en los próximos años.

Artículo publicado en RETEMA 234.