La gestión eficiente de los recursos hídricos es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental de cualquier país. En el caso de España, un territorio marcado por la irregularidad climática y una distribución desigual del agua, las infraestructuras hidráulicas juegan un papel crucial para garantizar el abastecimiento, prevenir riesgos y preservar la sostenibilidad de los ecosistemas. Más allá de su función técnica, estas infraestructuras son una palanca estratégica que impulsa la competitividad, el desarrollo y el bienestar social.
Sin embargo, el sistema hídrico español enfrenta importantes desafíos. La falta de inversión sostenida, el progresivo deterioro de las infraestructuras y los crecientes efectos del cambio climático están poniendo en jaque la capacidad del país para gestionar sus recursos hídricos de manera eficaz y sostenible. Expertos del sector, como Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras SEOPAN; Isabel García Tejerina, Senior Advisor de EY y exministra de Agricultura; y Jesús Contreras Olmedo, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, perteneciente al Instituto de Ingeniería de España, han alertado sobre la gravedad de esta situación y la urgente necesidad de una estrategia integral que permita modernizar y adaptar las infraestructuras hidráulicas a las demandas actuales y futuras.
A través de las perspectivas y análisis de estos tres profesionales, el presente reportaje ofrece un diagnóstico detallado del estado de las infraestructuras hidráulicas en España, analizando los principales retos y carencias del sistema, al tiempo que se plantean posibles soluciones para revertir esta tendencia y garantizar una gestión del agua más resistente, eficiente y preparada para los desafíos del porvenir.
España enfrenta un problema estructural que compromete la correcta gestión del agua: la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas, tal y como advierte el presidente de SEOPAN. Según datos de la Comisión Europea, la inversión en infraestructuras del agua se ha reducido un 57% en la última década, pasando de 3.000 millones de euros anuales entre 2007 y 2010 a tan solo 1.300 millones entre 2011 y 2022. Esta contracción presupuestaria ha sido, en parte, consecuencia de la consolidación fiscal europea tras la crisis financiera, lo que ha limitado la capacidad del Estado para desarrollar y mantener infraestructuras esenciales, explica.
El impacto de esta desinversión se refleja en la ejecución presupuestaria de los Planes Hidrológicos y de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundaciones, que apenas alcanzan el 29% de lo planificado. Esta cifra refleja las dificultades del país para asignar los fondos necesarios tanto a la creación de nuevas infraestructuras como al mantenimiento y modernización de las existentes. Según Núñez, cumplir con la planificación hidrológica vigente (2022-2027) requeriría una inversión superior a los 36.000 millones de euros entre 2025 y 2027, una cantidad 8,3 veces mayor que la ejecución presupuestaria registrada en 2022. De no incrementarse la inversión, España necesitará una financiación adicional de 32.376 millones de euros para garantizar un sistema hídrico sostenible.
Según datos de la Comisión Europea, la inversión en infraestructuras del agua se ha reducido un 57% en la última década, pasando de 3.000 millones de euros anuales entre 2007 y 2010 a tan solo 1.300 millones entre 2011 y 2022.
A este respecto, el vocal de la Asociación de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, agrega que esta falta de recursos ha generado una brecha creciente entre las necesidades reales del país y los fondos efectivamente asignados, lo que ha derivado en un deterioro progresivo de infraestructuras clave para la regulación y distribución del agua. Además, sostiene que la incorporación de la Dirección de Obras Hidráulicas al Ministerio de Transición Ecológica en 2002 tuvo un efecto negativo en la inversión hidráulica, provocando desde entonces una paralización gradual de proyectos clave y debilitando la capacidad del país para mantener y mejorar sus infraestructuras hídricas.
Asimismo, el experto del IIE recalca que la falta de inversión no solo retrasa la ejecución de nuevos proyectos, sino que también aumenta el riesgo de fallos en infraestructuras críticas. Ejemplos recientes, como la crisis de abastecimiento en Cataluña durante el verano de 2024 o las inundaciones en Valencia, ilustran las consecuencias directas de una inversión insuficiente. A esta situación se suma un proceso de destecnificación en la Administración hidráulica, que ha derivado en una gestión menos eficiente y especializada de los recursos hídricos, afectando directamente la seguridad y funcionalidad de las infraestructuras existentes, asevera.
En cuanto al estado actual de las infraestructuras en España, Jesús Contreras identifica varios puntos críticos que requieren atención urgente. Uno de los problemas más graves es el deficiente mantenimiento de las presas estatales. Actualmente, el 50% de las 375 presas de titularidad estatal presentan desagües de fondo inoperativos, lo que afecta su capacidad de regulación y pone en riesgo la seguridad de su operación. En el caso de las infraestructuras privadas de captación, gestionadas por pequeños ayuntamientos o entidades individuales, el problema es aún mayor, ya que carecen de los recursos necesarios para su mantenimiento, lo que ha provocado un grave deterioro de su operatividad.
Otro aspecto alarmante es la insuficiente capacidad de almacenamiento en regiones especialmente vulnerables, como las cuencas interiores de Cataluña y Andalucía. La falta de embalses adecuados ha generado un déficit de regulación hídrica, lo que se traduce en crisis recurrentes de abastecimiento durante los periodos de sequía. En materia de prevención de inundaciones, la situación es especialmente crítica en la cuenca mediterránea, donde la falta de infraestructuras destinadas a la laminación de avenidas, ha incrementado el riesgo de inundaciones extremas debido a la ausencia de bypass y sistemas de regulación adecuados. El experto enfatiza que esta es una de las áreas donde se requiere una modernización más urgente, debido a la singularidad y agresividad del clima en esta región.
Además, el deterioro de las redes de abastecimiento es otro factor que agrava el problema de la disponibilidad de agua. La pérdida de grandes volúmenes de agua en las redes municipales debido a infraestructuras obsoletas representa un desperdicio inaceptable en un país con un régimen hídrico tan irregular. A esto se suma la insuficiencia de plantas de saneamiento en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que impide una adecuada depuración de aguas residuales y genera un impacto ambiental considerable.
Las importantes necesidades de inversión en infraestructuras hidráulicas en España no solo responden al deterioro acumulado y a la falta de mantenimiento, sino también a un desafío cada vez más apremiante: el impacto del cambio climático.
Las importantes necesidades de inversión en infraestructuras hidráulicas en España no solo responden al deterioro acumulado y a la falta de mantenimiento, sino también a un desafío cada vez más apremiante: el impacto del cambio climático. Este fenómeno está alterando profundamente la gestión del agua en el país, afectando la disponibilidad, distribución y calidad del recurso hídrico y poniendo a prueba la resiliencia de unas infraestructuras que, en muchos casos, no están preparadas para enfrentar estas nuevas condiciones.
El presidente de SEOPAN subraya que la costa mediterránea es especialmente vulnerable a estos cambios, evidenciados por el aumento de la temperatura del mar en 1,6°C en los últimos 40 años, alcanzando máximos históricos de 31,8°C en el mar Balear en 2024. Estas alteraciones han intensificado fenómenos climáticos extremos, como sequías más frecuentes y prolongadas —particularmente en el sur y el este del país— y episodios de lluvias torrenciales e inundaciones súbitas que ponen en riesgo a la población y a las infraestructuras hídricas. A esto se suma la reducción significativa de la disponibilidad de agua en cuencas estratégicas, lo que complica la planificación del abastecimiento y el regadío en varias regiones.
Jesús Contreras Olmedo enfatiza que el cambio climático no es un fenómeno nuevo para España, un país históricamente acostumbrado a gestionar sequías e inundaciones. Sin embargo, critica que la estrategia política se haya centrado principalmente en mitigar el cambio climático, sin prestar la atención suficiente a la adaptación de las infraestructuras hidráulicas a esta nueva realidad. Esta falta de adaptación ha incrementado la vulnerabilidad del sistema hídrico y ha limitado su capacidad de respuesta frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
Desde una visión más amplia, Isabel García Tejerina también alerta sobre la necesidad urgente de actuar. “Ni las inundaciones ni las sequías en España son algo nuevo, y sabemos que el cambio climático las va a acentuar. Si no queremos que el agua sea un factor limitante del bienestar, prosperidad y desarrollo futuro de España, la única respuesta que no cabe es la inacción”, advierte. Además, subraya la importancia de no esperar a que se repitan tragedias para actuar. “No debiera hacer falta un drama tan doloroso como el tristemente acaecido en Valencia, ni una nueva sequía para recordar que mañana es tarde”, señala.
El consenso entre los expertos es claro: postergar las inversiones en adaptación solo agravará los riesgos y sus consecuencias, afectando no solo al medioambiente y a la seguridad hídrica, sino también a la economía y al bienestar social. Implementar una estrategia integral que contemple la modernización y resiliencia de las infraestructuras hidráulicas es, por tanto, una necesidad ineludible para asegurar el futuro hídrico del país frente a los crecientes desafíos climáticos.
Postergar las inversiones en adaptación solo agravará los riesgos y sus consecuencias, afectando no solo al medioambiente y a la seguridad hídrica, sino también a la economía y al bienestar social.
Identificar los retos más apremiantes que enfrenta España para la mejora y renovación de sus infraestructuras hídricas, es el primer paso para implementar soluciones efectivas que garanticen un futuro más resiliente frente al cambio climático y las crecientes demandas de agua.
Ante este panorama de urgencia climática, la experta de EY subraya que la lucha contra el cambio climático no puede limitarse únicamente a la mitigación, sino que debe incluir con la misma prioridad acciones de adaptación. Para ella, abordar la política hidráulica es también hacer política climática, ya que el agua es uno de los recursos más vulnerables a estos cambios y un elemento esencial para la resiliencia del país. La experta destaca que los nuevos escenarios climáticos demandan inversiones específicas y una adaptación profunda de las infraestructuras hidráulicas para garantizar la disponibilidad y calidad del agua en el futuro.
En esta línea, el vocal del IIE enfatiza la necesidad urgente de interconectar las principales cuencas hidrográficas como una de las soluciones clave para enfrentar la crisis hídrica. Actualmente, la falta de interconexión agrava la escasez de agua en regiones como Cataluña y Andalucía, donde la capacidad de almacenamiento es insuficiente para cubrir la demanda en periodos de sequía prolongada. Además, sostiene que es prioritario aumentar la capacidad de laminación de avenidas en las cuencas mediterráneas, para reducir el impacto de las lluvias torrenciales e inundaciones que cada vez son más frecuentes en estas zonas.
Para hacer frente a estos desafíos, desde SEOPAN proponen un plan extraordinario de inversión en las Cuencas Mediterráneas, centrado en la adaptación al cambio climático, con un presupuesto estimado de 5.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de las cuencas mediterráneas para enfrentar eventos climáticos extremos y mitigar los riesgos asociados.
El plan incluye medidas específicas para la restauración y conservación del dominio público hidráulico, así como la construcción y mejora de infraestructuras destinadas a la laminación de avenidas y al control de caudales. Entre las actuaciones prioritarias se contempla la ejecución anticipada de la presa de laminación de Montesa en el río Cáñoles y el reestudio de cuatro estructuras estratégicas en la región —Villamarchante, Estubeny, Marquesado y Cheste— con el fin de mejorar la capacidad de retención y regulación de agua durante episodios de lluvias torrenciales. Además, se prevé la adecuación ambiental y el rediseño de sistemas de drenaje en zonas críticas, como la cuenca del Poyo, para optimizar la evacuación de aguas pluviales y reducir el riesgo de inundaciones en áreas urbanas densamente pobladas.
El programa también contempla actuaciones complementarias, como el redimensionamiento del drenaje en infraestructuras viarias y ferroviarias para adaptarlas a caudales extremos, así como la revisión y actualización de los estudios de seguridad de las presas existentes en la región. Todas estas medidas tienen como objetivo fortalecer la resiliencia de las cuencas mediterráneas, reduciendo su vulnerabilidad frente al cambio climático y minimizando los daños económicos, sociales y medioambientales asociados a futuros episodios extremos.
Sin embargo, de este total de inversión estimado, 4.200 millones de euros ya están contemplados en los Planes Hidrológicos vigentes, pero su ejecución ha sido insuficiente debido a la falta de recursos financieros y voluntad política. Según Núñez, la falta de una planificación económica realista y de mecanismos eficaces de ejecución está impidiendo que estas inversiones se materialicen con la urgencia que la situación demanda. Además, advierte que es necesario realizar un análisis y actualización de las infraestructuras existentes con antecedentes técnicos previos, para identificar las obras prioritarias que optimicen la gestión del agua en un contexto de cambio climático.
"Es evidente que cualquier avance tecnológico influye decisivamente en la mejora de las infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, para que haya avances tecnológicos es necesario invertir en ingeniería", asevera Jesús Contreras Olmedo, Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.
Por otro lado, la modernización de las infraestructuras hidráulicas pasa necesariamente por la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de gestión avanzados. El experto del IIE destaca que la digitalización del sector es un paso imprescindible para optimizar la gestión del recurso hídrico, reducir pérdidas en los sistemas de distribución y mejorar la eficiencia operativa. La implantación de sistemas de control en tiempo real permitiría anticipar posibles incidencias, mejorar la toma de decisiones y garantizar un uso más racional del agua en todos los sectores.
Para Contreras, existen tres áreas prioritarias donde la aplicación de tecnología avanzada está transformando la gestión del agua en nuestro país: infraestructuras de riego agrícola son una de las áreas con mayor potencial de modernización, donde la implantación de sensores y sistemas inteligentes permitiría reducir el desperdicio y optimizar el consumo de agua. Del mismo modo, la digitalización de las redes de abastecimiento, con tecnologías de detección de fugas y monitorización en tiempo real, ayudaría a minimizar las pérdidas en el sistema de distribución. También es urgente la modernización de las plantas de saneamiento, incorporando tecnologías que mejoren la depuración de aguas residuales y reduzcan su impacto ambiental.
Sin embargo, Contreras Olmedo advierte que España aún está rezagada en este aspecto, ya que invierte un 50% menos en ingeniería en comparación con otros países europeos, lo que limita la capacidad de desarrollar y aplicar nuevas soluciones tecnológicas. El experto enfatiza que la clave para el progreso en este ámbito no solo radica en el acceso a nuevas tecnologías, sino en la inversión en ingeniería de calidad, con estudios y proyectos que optimicen el uso de los recursos disponibles. Sin un respaldo financiero y estratégico en esta área, la modernización del sector hídrico se verá seriamente comprometida, perpetuando las deficiencias actuales en la gestión del agua.
Por su parte, la exministra de Agricultura resalta que España, pese a sus limitaciones, ha logrado avances significativos en ciertas áreas tecnológicas del sector hídrico. “Somos el país que más agua reutiliza en la Unión Europea y contamos con algunas de las tecnologías de regadío más avanzadas del mundo”, destaca. También subraya que muchas empresas españolas son líderes internacionales en tecnologías de desalación, reutilización de aguas residuales y sistemas de riego eficiente. Sin embargo, advierte que estos logros no deben llevar a la complacencia. “Aún se necesita un mayor impulso en la digitalización y modernización del sector para optimizar la gestión del agua y garantizar su sostenibilidad a largo plazo”, afirma. García Tejerina insiste en la necesidad de culminar los procesos de modernización del regadío y dar el paso hacia una segunda generación de infraestructuras inteligentes que incorporen las últimas tecnologías disponibles.
La modernización y adaptación de las infraestructuras hidráulicas en España requiere de una inversión significativa que difícilmente puede ser cubierta en su totalidad por fondos públicos. En este contexto, la colaboración público-privada emerge como una herramienta clave para movilizar los recursos necesarios y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos. Sin embargo, diversos obstáculos normativos han limitado el desarrollo de este modelo en el sector hídrico.
El presidente de SEOPAN destaca que la regulación actual ha dificultado considerablemente la entrada de inversión privada en infraestructuras hidráulicas. La Ley de Desindexación de 2015 y su Decreto de desarrollo han establecido restricciones que impiden actualizar los contratos de concesión en función de la evolución de los costes, desincentivando la participación de inversores privados. Esta rigidez normativa ha creado una barrera infranqueable para la implementación de modelos concesionales, limitando las oportunidades de colaboración entre el sector público y privado. La Oficina Nacional de Evaluación ha reconocido este problema en sus informes más recientes y ha propuesto modificaciones regulatorias para facilitar la financiación privada. No obstante, hasta la fecha no se han materializado cambios significativos.
Tejerina insiste en la importancia de crear marcos normativos que favorezcan esta colaboración. “Es deseable que se facilite la participación de las empresas, creando marcos que posibiliten la colaboración público-privada, en un ámbito especialmente propicio para ello, pues la propia Directiva Marco del Agua obliga a la recuperación de costes de los servicios asociados al agua”, señala. Para la experta, la inversión privada no solo aportaría los fondos necesarios, sino también experiencia técnica y acceso a tecnologías avanzadas, mejorando la eficiencia y la calidad en la ejecución y gestión de los proyectos hidráulicos.
La colaboración público-privada emerge como una herramienta clave para movilizar los recursos necesarios y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.
El acceso a fondos europeos, especialmente los procedentes del plan Next Generation EU y otros programas estructurales de la Unión Europea, representa una oportunidad sin precedentes para impulsar la transformación del sector hídrico en España. Sin embargo, la gestión de estos recursos no siempre ha sido la más eficaz.
García Tejerina destaca la oportunidad única que representan estos fondos: “Se da la muy favorable circunstancia de que las implicaciones medioambientales y socioeconómicas de los proyectos hídricos en nuestro país los hacen elegibles dentro del plan Next Generation EU, siendo una oportunidad única para su efectiva implementación, pues nunca se ha dispuesto de tantos recursos económicos para abordar las necesidades de inversión.” Sin embargo, advierte que esta ocasión única podría desaprovecharse si no se priorizan adecuadamente las actuaciones en los presupuestos y en la agenda política. “Es inaplazable que estas actuaciones queden priorizadas en los presupuestos y en la agenda política, ahora que tenemos la fortuna de disponer de los fondos Next Generation EU y otros fondos estructurales de la UE que facilitan las decenas de miles de millones de euros que se precisan”, enfatiza.
A pesar de estas oportunidades, Contreras Olmedo se muestra crítico con la gestión actual de los fondos europeos. Señala que, aunque existen recursos significativos disponibles, España no ha sabido gestionarlos de forma eficiente. “En los años 80 y 90, la inversión en ingeniería permitió un impulso significativo en infraestructuras hidráulicas, pero actualmente la Administración Central ha sido incapaz de utilizar estos fondos con eficiencia”, afirma. Esta falta de eficacia ha limitado el desarrollo de nuevas infraestructuras críticas y ha retrasado la modernización necesaria en muchos casos.
En paralelo, Núñez también destaca que, aunque el Plan de Recuperación y el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 incluyen subvenciones para el sector del agua, los recursos asignados siguen siendo insuficientes para cubrir el déficit de inversión existente. En este contexto, el sector ha reclamado un mayor impulso a los modelos concesionales como alternativa para compensar la insuficiencia de recursos públicos.
Más allá de los desafíos financieros y técnicos, la gestión eficiente del agua en España también requiere un nuevo enfoque en materia de gobernanza. La transparencia, la participación de los usuarios y la coordinación entre administraciones son pilares fundamentales para mejorar la gestión hídrica y garantizar su sostenibilidad.
Isabel García Tejerina subraya que España ya cuenta con estructuras de gestión eficaces en ciertos ámbitos, como la gestión del regadío a través de Comunidades de Regantes y asociaciones de usuarios, modelos que existen desde hace décadas y que están en línea con las recomendaciones internacionales. Por otro lado, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea sigue siendo la norma de referencia en materia de gestión hídrica, promoviendo una planificación basada en los planes hidrológicos de cuenca y en programas de medidas que buscan alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de todas las masas de agua. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta directiva en España aún enfrenta varios retos.
Para avanzar hacia un sistema de gobernanza más sólido, la experta aboga por la necesidad de un nuevo marco que fomente la transparencia y la eficiencia en la gestión del agua. En particular, propone que las administraciones revisen las políticas de tarificación del agua para incentivar un consumo más responsable y sostenible. “Un nuevo marco de gobernanza es necesario para ayudar a lograr todos estos objetivos, donde prime la transparencia y los incentivos para mejorar la eficiencia y el ahorro del consumo del agua”, concluye.
Por último, los expertos coinciden en que uno de los grandes desafíos que enfrenta España en materia hídrica es la falta de una planificación técnica y financiera estable y realista que garantice la ejecución de los proyectos a largo plazo. A pesar de contar con una planificación detallada en los Planes Hidrológicos y los Planes de Prevención de Inundaciones, estas estrategias carecen de un respaldo financiero sólido que asegure su materialización. “Resolver con éxito el cumplimiento de la planificación hidrológica depende fundamentalmente de la decisión de nuestras Administraciones Públicas y de una adecuada planificación nacional, tanto técnica como financiera”, afirma Núñez.
Isabel García también advierte sobre la necesidad de adoptar una visión a largo plazo en la planificación de las inversiones hídricas. “El mejor futuro de España depende de lo que hoy invirtamos en agua. No caben los prejuicios, cabe la previsión y cabe pensar en las generaciones futuras a las que ya les estamos dejando un futuro lo suficientemente endeudado como para, además, dejarles sin los medios que asegurarán su prosperidad”, señala.
En definitiva, España se enfrenta a una encrucijada en la gestión de sus recursos hídricos. La combinación de infraestructuras obsoletas, cambio climático y falta de inversión ha puesto en riesgo la sostenibilidad hídrica del país. Sin embargo, también se presenta una oportunidad única: aprovechar los fondos europeos, fomentar la colaboración público-privada y apostar por la innovación tecnológica. La acción inmediata y decidida no es solo una cuestión de política hidráulica, sino de seguridad, prosperidad y bienestar para las generaciones futuras.
El acceso a fondos europeos, especialmente los procedentes del plan NextGeneration EU y otros programas estructurales de la Unión Europea, representa una oportunidad sin precedentes para impulsar la transformación del sector hídrico en España.
El reciente informe “Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España: Agua, Medioambiente y Energía”, elaborado por SEOPAN y SENER, analiza las necesidades de inversión en infraestructuras críticas para el país durante el periodo 2022-2027, con especial atención al ciclo integral del agua. Publicado en línea con la planificación hidrológica sexenal, el documento no pretende ser un plan de infraestructuras oficial, sino una herramienta que ofrece a las administraciones, medios de comunicación y sociedad civil una visión estratégica sobre las prioridades y retos a medio y largo plazo en materia de inversión pública. Además de destacar la magnitud de las inversiones necesarias, el documento resalta el significativo beneficio socioeconómico que estas actuaciones generarían, fortaleciendo la resiliencia del país frente al cambio climático y mejorando la seguridad hídrica.
El estudio aborda las necesidades de inversión desde un enfoque transversal, agrupando las actuaciones previstas en tres grandes bloques. En primer lugar, se contemplan las infraestructuras planificadas, con una inversión total estimada en 72.134 millones de euros. De esta cifra, 37.938 millones se destinarían al ciclo integral del agua, mientras que los restantes 34.196 millones se asignarían a los proyectos incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En segundo lugar, el informe identifica la necesidad de modernizar infraestructuras existentes, para lo cual se prevé una inversión de 56.656 millones de euros, de los cuales 44.518 millones se dedicarían al ciclo integral del agua, 2.753 millones a actuaciones medioambientales y 9.405 millones a la mejora del equipamiento público. Finalmente, el informe contempla inversiones destinadas a infraestructuras innovadoras, con una partida global de 69.645 millones de euros, repartida entre 7.007 millones para el ciclo integral del agua y 62.638 millones para proyectos de energía y medioambiente enfocados a la sostenibilidad y la transición ecológica.
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