Sostenibilidad de la biomasa en España

En España, la bioenergía y los biocombustibles, a pesar de todas las dificultades y barreras existentes para su desarrollo, continúan progresando, aunque de forma desigual, consiguiendo aportar soluciones innovadoras y sostenibles a los sectores primario y secundario, al mismo tiempo que resuelven problemas medioambientales y generan empleo.

Real Decreto 376/2022: sostenibilidad y garantías de origen

La presión por la excelencia medioambiental a la que está sometido este sector no es comparable a la experimentada por ningún otro tipo de energía, ni siquiera las fósiles. Es en las Directivas Europeas relativas al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables donde se establecen los exigentes requerimientos de sostenibilidad, emisiones y eficiencia de las instalaciones de bioenergía y biocombustibles, además de los dirigidos a proteger las tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad y las tierras con elevadas reservas de carbono.

En este sentido, la Directiva Europea 2018/2011 aprobada en diciembre de 2018 (por sus siglas en inglés, RED II), debía ser transpuesta por todos los Estados miembro antes del 30 de junio de 2021. Es España, la transposición sobre aspectos relativos a la sostenibilidad de la bioenergía y los biocombustibles se ha incorporado al reglamento jurídico español mediante el Real Decreto 376/2022 publicado el 17 de mayo de 2022. En él se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son exigidos para que estos combustibles puedan optar a ayudas financieras al consumo y para poder computados para los objetivos comunitarios y nacionales en materia de energías renovables.

Se concretan estos criterios de sostenibilidad para la biomasa agrícola y la biomasa forestal. Estableciendo los criterios en materia de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura aplicables a la biomasa forestal. También se establecen los criterios relativos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada de la producción y el uso de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, a fin de seguir garantizando una elevada reducción de tales emisiones en comparación con los combustibles fósiles.

Establece los requisitos de eficiencia energética aplicables a las instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen combustibles de biomasa, así como la forma de verificación de su cumplimiento.

En lo que respecta a los biocombustibles para el transporte, se ha traspuesto la parte de la Directiva (UE) 2018/2001 (RED II) donde se establece que, desde el 31 de diciembre de 2023, la proporción de biocarburantes, biolíquidos o combustibles de biomasa con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra, producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros para los que se observe una expansión significativa de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono (alto riesgo ILUC – Indirect Land Use Change) se reducirá gradualmente hasta alcanzar el 0% el 31 de diciembre de 2030.

Este Real Decreto también da respuesta a una de las solicitudes históricas del sector del biogás y el biometano al crear un sistema de garantías de origen aplicable a los gases renovables, que será un documento electrónico oficial que proporcionará evidencia a un cliente final sobre la parte o cantidad de energía que se produjo a partir de fuentes renovables.

Certificación del cumplimiento de la sostenibilidad en España

Si bien los operadores del sector español de los biocarburantes ya cuentan con amplia experiencia en la certificación de la sostenibilidad de sus biocombustibles, pues se ven obligados a demostrar su cumplimiento desde la entrada en vigor de la primera Directiva de renovables (2009/28/CE – RED I) hace más de 10 años, el sector español de la biomasa y el biogás afrontan por primera vez el cumplimiento de estos requerimientos tan exhaustivos.

Más de una docena de centrales nacionales ya se han certificado en base a los requerimientos de la RED II transpuestos en el Real Decreto 376/2022, a pesar de no estar obligadas a hacerlo hasta 2023, lo cual es una noticia muy positiva que pone de manifiesto el compromiso del sector con la sostenibilidad. Sin embargo, las dificultades surgen a la hora de certificar la cadena de aprovisionamiento completa, no porque las biomasas que se valorizan en España no sean sostenibles, sino porque el proceso de certificación implica contar con unos recursos administrativos y económicos con los que no cuentan la mayoría de suministradores de biomasa.

Los requerimientos de sostenibilidad establecidos en la Directiva responden a los modelos de negocio que se están desarrollando en el norte de Europa, donde el cambio de centrales de carbón (de cientos y miles de MW) por biomasa que se ha llevado a cabo para avanzar en su transición energética y garantizar el suministro de energía, lo cual implica importaciones de miles de millones de toneladas de biomasa forestal (fundamentalmente madera peletizada) de terceros países (USA, Canadá, Asia y Latinoamérica). Sin embargo, la realidad es que el sector español de la biomasa es completamente distinto al sector de la biomasa europeo. En nuestro país, la valorización de biomasa está adecuada a la disponibilidad del recurso en cada territorio, es decir, el aprovisionamiento de las centrales es de proximidad incluso en las centrales de mayor tamaño (50 MW no superan los 100 km). Para ilustrarlo, se puede poner como ejemplo una planta tipo de 15 MW, la cual cuenta con un área de aprovisionamiento de 50 km y en su suministro participan de media 60 suministradores de menos de 500 t/año de biomasa, de los cuales un tercio suministra menos de 100 t/año de biomasa a la central.

El atomizado y difuso aprovisionamiento de las centales es la manifestación más evidente de la capacidad que tiene el sector de la biomasa de generar y mantener empleos en los territorios.

Este aprovisionamiento tan atomizado y difuso es la manifestación más evidente de la capacidad que tiene el sector de la biomasa de generar y mantener empleos en los territorios, de ahí que el impacto socioeconómico de este sector esté tan distribuido. Imponer cargas administrativas y económicas a estos autónomos y microempresas va a resultarles inasumible, lo cual puede tener un impacto tremendamente negativo para la movilización de biomasas que serán difícilmente localizables sin la intervención de estos pequeños suministradores.

Contar con un esquema de certificación nacional que facilite una trazabilidad documental -con sus correspondientes auditorías- sería mucho más asumible para este tipo de pequeños suministradores. La sostenibilidad de la biomasa sería perfectamente trazable en cada eslabón de la cadena (que es de lo que se trata), pero implicaría una carga administrativa y económica mucho menor, permitiéndoles seguir ejerciendo su extraordinaria labor de recogida de biomasas de los campos y los montes y traslado a las centrales de valorización, evitando de esta forma que esas biomasas sean abandonadas o se quemen incontroladamente provocando impactos medioambientales negativos.   

Nueva Directiva de Renovables – RED III

Aunque la Directiva de renovables aprobada en diciembre de 2018 (RED II) cuya transposición debía ser efectuada antes del 30 de junio de 2021 aún se encuentre implementándose en los Estados miembro (aunque con retraso, España la ha transpuesto en mayo del 2022, pero Portugal, Francia y Grecia no han transpuesto aún los criterios de sostenibilidad de la misma, por citar a algunos países de nuestro entorno), se está trabajando desde hace meses en una nueva Directiva europea de renovables (RED III) que se espera publicar a principios de 2023.

Como parte del Pacto Verde Europeo, la UE estableció el objetivo vinculante de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, lo que requiere reducir sustancialmente en las próximas décadas los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero. Como paso intermedio hacia la neutralidad climática, la UE ha elevado su ambición en materia de clima para 2030 comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030. Hace un año, el 14 de julio de 2021, la Comisión Europea adoptó un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Este paquete de medidas se denominó Fit for 55 (objetivo 55) e implicaba la revisión de la legislación europea (alrededor de 13 reglamentaciones) en materia de clima, energía y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a las ambiciones para 2030 y 2050. De ahí que haya que actualizar la Directiva europea de renovables con objeto de aumentar la ambición de sus directrices y objetivos, motivo por el cual se está aumentando también la exigencia de los requerimientos de sostenibilidad establecidos en la RED II, a pesar de que aún no se hayan implementado en la mayoría de Estados miembro.

La despoblación del medio rural y el abandono de los usos tradicionales del monte unido a la falta de gestión forestal de los montes, supone una acumulación de biomasa que convierte a los montes en verdaderas bombas de combustible.

La actualización de los criterios de sostenibilidad de la Directiva de renovables mantiene en vilo al sector español de la biomasa. El Plenario del Parlamento Europeo, el pasado 14 de septiembre, aprobó el texto consolidado de la RED III que va a presentar a la fase final de negociaciones (trílogos) con la Comisión y el Consejo Europeos. Este texto introduce cambios muy significativos respecto a la Directiva vigente que se está implementando actualmente. Ha introducido una definición específica para la ‘biomasa leñosa primaria’ a la que considera toda la madera excepto la obtenida a partir de medidas sostenibles de prevención de incendios forestales, la biomasa leñosa procedente de medidas de seguridad vial, ni la biomasa leñosa extraída de bosques afectados por catástrofes naturales, plagas activas o enfermedades; para, posteriormente determinar que únicamente sería susceptible de ser contabilizada como renovable y apoyada mediante políticas y retribuciones la biomasa leñosa que no sea primaria (que viene a ser la biomasa producida por la industria forestal que, en España, ya es aprovechada por la propia industria forestal como combustible para sus procesos térmicos, junto a las excepciones detalladas). Además, se establece un límite de consumo (la cuota de energía producida a partir de biomasa leñosa primaria no será superior a la cuota de consumo total de energía de la media de tales combustibles en 2017-2022 sobre la base de los últimos datos disponibles) y se establece también una reducción gradual, hasta 2030, de la cuota de combustibles producidos a partir de biomasa leñosa primaria.

Esto no es definitivo y aún queda recorrido en la elaboración de la Directiva, por lo que esperamos que se tenga en consideración la realidad de los países mediterráneos pues más del 80% de la superficie forestal que arde anualmente en Europa pertenece a estos países, con Portugal y España a la cabeza. La despoblación del medio rural y el abandono de los usos tradicionales del monte (leña, pastoreo, etc.) unido a la falta de gestión forestal de los montes, supone una acumulación anual de millones de m3 de biomasa que convierte a los montes en verdaderas bombas de combustible. Si a esto unimos el calor extremo y la ausencia de lluvias en periodos estivales, el resultado son incendios de sexta generación absolutamente incontrolables, fundamentalmente por la incapacidad de penetrar en los montes dada la acumulación de biomasa en los mismos. 2022 ha sido un año especialmente trágico pues la superficie forestal quemada en España ha superado todos los registros existentes, con más de 55 grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas cada uno), alcanzando las doscientas cincuenta y cuatro mil hectáreas quemadas en septiembre (superficie superior a la provincia de Vizcaya).

Evitar este tipo de incendios tan virulentos y con unas consecuencias tan destructivas e irreparables a todos los niveles está en nuestras manos. Gestionar de forma sostenible los montes y extraer los excedentes de biomasa forestal no solo evita incendios, sino que fija más CO2. Significa cuidar, mantener y respetar nuestro capital natural. ¡Hagámoslo!