Las políticas de impuestos a la energía de la UE no concuerdan con sus objetivos climáticos

El análisis que publica el Tribunal de Cuentas Europeo describe cómo contribuyen a los objetivos climáticos de la UE los impuestos a la energía, la tarificación del carbono y las subvenciones a la energía. Aunque las subvenciones a las energías renovables fueron casi cuatro veces mayores en el período 2008?2019, las destinadas a los combustibles fósiles se han mantenido relativamente constantes en el último decenio a pesar de los compromisos de supresión progresiva formulados por la Comisión Europea y algunos Estados miembros. Los auditores señalan los retos a los que se enfrentan los responsables políticos: garantizar una fiscalidad coherente de la energía entre sectores y vectores energéticos, reducir las subvenciones a los combustibles fósiles y conciliar los objetivos climáticos con las necesidades sociales.

«Los impuestos a la energía, la tarificación del carbón y las subvenciones a la energía son herramientas importantes para conseguir los objetivos climáticos. En nuestra opinión, el principal reto es cómo estrechar los lazos entre las medidas reglamentarias y financieras, y encontrar la combinación perfecta entre ambas», afirma Viorel ?tefan, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis. «Con este análisis, buscamos contribuir al debate sobre los precios de la energía y el cambio climático, y en particular, el próximo debate en torno a la revisión propuesta de la Directiva sobre fiscalidad de la energía».

En el marco del Pacto Verde Europeo, estrategia para conseguir que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050, la Comisión tiene previsto adaptar el régimen fiscal de la energía a los objetivos climáticos. La Unión Europea se enfrenta a varios retos para revisar la legislación sobre fiscalidad de la energía, que exigirá asimismo un acuerdo unánime del Consejo.

Un problema es garantizar la coherencia en sectores y vectores energéticos de la UE que anteriormente recibieron un trato más favorable. En la Directiva vigente sobre fiscalidad de la energía, las fuentes de energía más contaminantes pueden tener una ventaja fiscal con respecto a las fuentes eficientes en carbono: por ejemplo, el carbón tributa menos que el gas natural, y el gravamen de algunos combustibles fósiles es muy inferior al de la electricidad. Asimismo, mientras que una mayoría de Estados miembros aplican elevados impuestos a los carburantes, otros los mantienen cerca del nivel mínimo establecido por la Directiva, lo que puede distorsionar el mercado interior. Unos niveles bajos de precios del carbono y de impuestos sobre combustibles fósiles elevan el coste relativo de las tecnologías más ecológicas y demoran la transición energética.

Los auditores observan que algunas subvenciones a la energía pueden emplearse para la transición a una economía menos intensiva en carbono, pero las subvenciones a los combustibles fósiles lastran la eficiencia de esta transición energética. En general, las subvenciones de los Estados miembros a los combustibles fósiles ascienden a más de 55 000 millones de euros al año, y quince Estados miembros gastan más en las subvenciones a combustibles fósiles que en las destinadas a energías renovables. Su eliminación gradual de aquí a 2025, objetivo al que se han comprometido la UE y sus Estados miembros, constituirá una difícil transición social y económica. En particular, la percepción de que se trata injustamente a algunos grupos o sectores puede suscitar reticencias a la transición hacia una economía más ecológica. El impacto de la fiscalidad de la energía en los hogares puede ser significativo y despertar rechazo a este tipo de impuestos. El gasto energético de los hogares (como la calefacción y el transporte) varía de manera considerable: en algunos casos, como los hogares más pobres de Chequia y Eslovaquia, puede superar el 20 % de su renta. Para atenuar el riesgo de rechazo a las reformas tributarias, los auditores señalan una serie de recomendaciones formuladas por diversas organizaciones internacionales como, por ejemplo, la reducción de otros impuestos y la aplicación de medidas redistributivas garantizando a la vez una mayor transparencia y comunicación sobre los motivos de las reformas.

En julio de 2021, la Comisión publicó una propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía como parte del paquete legislativo «Objetivo 55», un conjunto de propuestas para dirigir la UE hacia una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. Sigue permitiendo a los Estados miembros reducir los tipos impositivos sobre la energía para algunos sectores por motivos medioambientales y relativos a la eficiencia y la pobreza energéticas. El paquete contiene también una propuesta para ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo, e introduce un sistema independiente de comercio de emisiones para el transporte terrestre y los edificios. Con los derechos de emisión gratuitos del sistema actual, algunos actores del mercado no pagan parte de sus emisiones de CO₂. A la eliminación gradual de los derechos gratuitos de emisión vinculados al riesgo de fuga de carbono (es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan porque la producción se traslada a otro país con límites más laxos de emisión) se añade la propuesta de suprimir progresivamente el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Este nuevo mecanismo tiene como objetivo fijar el precio de las emisiones de carbono de ciertos bienes importados. Los auditores también observaron que, cuando se debaten estas propuestas, los responsables políticos tendrían que tener en cuenta los objetivos climáticos y los relativos al impacto social.