La UE adopta la nueva normativa de tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Directiva revisada fortalecerá las reglas de tratamiento, garantizando un mayor nivel de protección para el público y el medio ambiente y aportará beneficios financieros de aproximadamente 6.600 millones de euros al año para 2040
23-12-2024

La UE está dando un paso importante hacia la consecución de su ambición de "Cero Contaminación", con la Directiva revisada sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas que entrará en vigor el 1 de enero.

Las nuevas normas protegerán aún más la salud humana y el medio ambiente de los vertidos perjudiciales de aguas residuales urbanas, y asegurarán ríos, lagos, aguas subterráneas y costas más limpias en toda Europa.

La Directiva revisada aportará beneficios financieros de aproximadamente 6.600 millones de euros al año para 2040, superando con creces los costos estimados de implementación, al tiempo que simplificará las obligaciones de reporte para los Estados miembros.

 

Normas actualizadas

La Directiva se aplicará a un mayor número de áreas, incluyendo aglomeraciones más pequeñas a partir de 1.000 habitantes. Se eliminarán más nutrientes de las aguas residuales urbanas y se aplicarán nuevos estándares para los microcontaminantes.

Ahora se requiere un monitoreo sistemático de microplásticos y PFAS (a menudo denominados químicos eternos), así como de parámetros de salud pública. Esto incluye la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, una creciente amenaza para la salud pública, y de varios virus, como el SARS-Covid, para detectar señales tempranas de una epidemia. Estos datos recopilados oportunamente respaldarán una rápida toma de decisiones en caso de una emergencia sanitaria.

En línea con el principio de "quien contamina paga", la nueva ley garantizará que los costos del tratamiento avanzado sean cubiertos principalmente por la industria responsable, en lugar de las tarifas de agua o el presupuesto público. Las industrias farmacéutica y de cosméticos, cuyos productos generan la mayoría de los microcontaminantes en las aguas residuales, deberán cubrir al menos el 80 % del costo de su eliminación. Esto limitará el impacto económico de los nuevos requisitos para los ciudadanos.

Las nuevas reglas impulsarán al sector de aguas residuales hacia la neutralidad energética y climática. También mejorarán la gestión de aguas pluviales en las ciudades, lo cual será cada vez más importante ante el aumento de lluvias intensas debido al cambio climático.

Para las grandes ciudades, los Estados miembros deberán desarrollar sistemáticamente planes de gestión integrada de aguas pluviales que reduzcan el riesgo de inundaciones urbanas y contaminación durante lluvias intensas. Las ciudades más pequeñas deberán hacerlo cuando las aguas pluviales representen un riesgo. En estos planes, se deben establecer acciones de gestión concretas y priorizar soluciones basadas en la naturaleza.

La circularidad incrementada es un elemento clave de la Directiva revisada, y se han introducido nuevos requisitos para recuperar componentes valiosos de las aguas residuales y los lodos de depuradora, como el fósforo, una materia prima crítica en la UE. Esto permitirá su uso posterior en sectores como la agricultura.

Además, la Directiva promueve un mayor uso del agua tratada, asegurando que no se desperdicien recursos valiosos, ayudando a proteger el suministro de agua en regiones con escasez hídrica y aliviando la presión sobre las cadenas de suministro.

Finalmente, garantizará el acceso a instalaciones de saneamiento en espacios públicos para los dos millones de personas más vulnerables y marginadas de la UE. Para finales de 2029, los Estados miembros deberán identificar a las poblaciones vulnerables y marginadas, implementar medidas para mejorar su acceso a instalaciones de saneamiento y promover instalaciones públicas de saneamiento seguras, higiénicas y de libre acceso en áreas urbanas con al menos 10.000 habitantes. Esto está en línea con los requisitos establecidos en la Directiva revisada sobre Agua Potable, que exige acceso al agua para todos.

 

Apoyo de la UE para la implementación

Para simplificar la notificación y el procesamiento de datos sobre tratamiento de aguas residuales, la Agencia Europea de Medio Ambiente proporcionará bases de datos digitales para los Estados miembros. Ya no será necesario presentar informes escritos cada dos años como en la directiva anterior, reduciendo así la carga administrativa.

La Directiva reformulada establece los requisitos legales para la gestión de aguas residuales en las próximas décadas, brindando al sector del agua la seguridad para planificar en consecuencia. La Comisión Europea trabajará estrechamente con los Estados miembros para garantizar que la Directiva se implemente eficazmente y contribuya a una Europa resiliente en materia de agua. Esto incluye brindar orientación y apoyo para facilitar el cumplimiento y lograr los objetivos de la Directiva.

 

Hablando sobre la entrada en vigor de la Directiva, la Comisionada de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, declaró: "Un entorno limpio está en el corazón de la prosperidad de Europa. Las nuevas normas sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas garantizarán la protección de la salud de los ciudadanos, impulsarán la innovación y promoverán la circularidad. Esto ayudará a los Estados miembros a ser más resilientes en materia de agua."

 

Antecedentes

La Directiva sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas se adoptó por primera vez en 1991 y ha sido fundamental para mejorar la calidad de las masas de agua en toda la UE.

Sin embargo, después de más de 30 años, la directiva necesitaba una revisión general para abordar nuevas fuentes de contaminación urbana, que se han vuelto más dominantes (como ciudades más pequeñas, instalaciones descentralizadas o aguas pluviales). También han surgido nuevos contaminantes, como microplásticos o microcontaminantes (como productos farmacéuticos o cosméticos).

Además, el sector de aguas residuales urbanas debe aprovechar su potencial de neutralidad energética, contribuyendo así a los objetivos climáticos de la UE.

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