EuRIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de reciclaje aprobado por el Parlamento Europeo

La Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) han valorado positivamente el objetivo aprobado por el Parlamento Europeo de aumentar hasta el 70% el porcentaje de residuos que deben ser reciclados, limitar el nivel de vertidos municipales al 5% y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Sin embargo, las patronales del reciclaje europea y española consideran que existe un amplio margen de mejora del método de cálculo para medir las tasas de reciclaje de residuos municipales, que es el aspecto clave para la consecución de los ambiciosos objetivos fijados para 2030.

"Los recicladores apoyan estos ambiciosos objetivos, pero a la vez consideran fundamental que se fijen reglas uniformes para medir las tasas reales de reciclaje”, ha afirmado Emmanuel Katrakis, secretario general de EuRIC nada más conocer la votación realizada en el Parlamento Europeo. “Es crucial que ese método de cálculo evite contabilizar como residuos reciclados materias primas vírgenes o que se pierda la trazabilidad de los residuos”, ha añadido Alicia García-Franco, vicepresidenta de EuRIC, “porque solo deben ser contabilizados como reciclados los residuos que se han convertido en materias primas secundarias en las plantas de tratamiento”.

Además, en la mayoría de los casos es imposible rastrear el origen del flujo o flujos de residuos para los que se han fijado objetivos, contrariamente al método basado en las entradas los procesos de producción propuesto por la Comisión Europea en el Paquete de Economía Circular (PEC). Es decir, medir los objetivos de reciclado de residuos a la entrada de los procesos de producción va en contra del objetivo de estadísticas precisas y uniformes en toda la UE. “Para garantizar un cálculo justo de las tasas de reciclado hay que medir los residuos que verdaderamente son transformados en materias primas secundarias a la salida de las plantas de tratamiento”, ha señalado García-Franco. “Es fundamental que los Estados miembros y el Parlamento Europeo garanticen que las normas para medir los objetivos de reciclado no creen más confusión, sino que estén de acuerdo en un método capaz de proporcionar estadísticas sólidas y comparables en toda la UE”, ha valorado Katrakis.

PROBLEMAS PARA LOS RECICLADORES EN ESPAÑA

Otra cuestión fundamental para los gestores de residuos, que debe resolverse antes que el Consejo de la UE adopte su postura y comiencen las negociaciones de los objetivos fijados para los Estados miembros, es la clasificación de los residuos, debido a que la definición de residuo municipal va a influir directamente en los modelos de gestión y en las competencias. Aunque en la Directiva de Residuos esta clasificación sea neutral, en países como España las definiciones están ligadas a las competencias, ha advertido la también directora general de FER, Alicia García-Franco: “Si en la definición no se establecen criterios, como el de cantidad, que permiten delimitar y diferenciar el residuo municipal de otros flujos de residuos, como los comerciales y los industriales, se estarán ampliando las competencias de los entes locales en detrimento de los gestores privados de residuos”.

“Hay un serio riesgo de que en estas nuevas definiciones de residuo municipal o final recycling se aparte del mercado la gestión privada de residuos, un modelo que se ha convertido en la pieza clave para alcanzar los objetivos fijados para 2030”, ha manifestado García-Franco. Peor aún, esta confusión en la clasificación podría traducirse en más cargas administrativas para el gestor privado, como, por ejemplo, la imposición de estándares europeos que se centren más en las cargas burocráticas que en asegurar un reciclaje de alta calidad: “Además de los estándares desarrollados por los organismos europeos de normalización, es frecuente que existan especificaciones y estándares en los ámbitos internacional, europeo y nacional, así como especificaciones bilaterales acordadas entre proveedor y cliente, que también se deben tener en cuenta”, ha concluido la responsable de la patronal española del reciclaje.