El agua, nos cuesta

España tiene un patrimonio de infraestructuras forjado a lo largo de los últimos 40-50 años que es la envidia de muchos países. De hecho, han sido tales los avances que los ingenieros españoles han ganado una experiencia y un conocimiento que les hace estar en la vanguardia mundial del sector. Sin embargo, un vistazo a ese patrimonio nos muestra que en realidad se ha enfocado siempre fundamentalmente al transporte.

En agua y medioambiente España aún tiene deberes por realizar. En nuestro país no todo está hecho y lo que falta no es solo terminar el mapa de alta velocidad o los corredores ferroviarios. Depuradoras, presas, etc. Un país como el nuestro, afectado por el cambio climático y con desequilibrios hidrológicos, no puede permitirse el lujo de mirar para otro lado, ni de considerar que la infraestructura que vale la pena es aquella en la que se puede organizar un acto de corte de cinta para ganar votos. Quizás inaugurar una depuradora no tenga mucho rédito electoral, pero sí brinda calidad de vida.

Con el agua, por tanto, debemos ganar todos y es cierto que estamos en un momento de concebir y diseñar la gestión del agua para los próximos años. Y es que, mientras escribo estas líneas, los esquemas de planificación hidrológica (EPTI: Esquemas Provisionales de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación) están sometidos a consulta pública y van cumpliendo plazos de cara a su puesta de largo.

Sin embargo, el agua continúa al margen de la agenda política. Una vez más y plan tras plan, las infraestructuras hidráulicas quedan olvidadas y, en realidad, seguimos sin abordar en España este tema con un enfoque holístico, ni tampoco su financiación. 

Por tanto, es necesario que el Gobierno afronte la cuestión del agua con las mismas energías y empuje que dedica a sanidad o a educación. El agua es un bien esencial, ahora que está de moda utilizar esta palabra, y esto supone integrar las infraestructuras dentro de la planificación y buscar la financiación a través de una fórmula que lo haga posible.

Presas ¿demonizadas?

Si hablamos de integrar infraestructuras en la planificación, conviene matizar que los ingenieros no tienen predilección por una u otra: estudian cuál es la mejor solución para cada caso. Valga este aviso para introducir en el debate la entrada a escena de las presas, a menudo tan demonizadas y que incluso cuenta con el rechazo de un partido, Unidas Podemos, que en su programa electoral instaba sin matices a abandonar la política de grandes embalses.

La importancia de este tipo de obras de regulación se traduce en ámbitos tan transversales como el medioambiental o el alimentario. Y es que la construcción sostenible de embalses, por ejemplo, previene los efectos negativos de las lluvias torrenciales y los convierten en recursos para las cuencas deficitarias.

De ahí, la urgencia de poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas que siga la estela de los planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias. Un plan que, a su vez, dinamizaría la España rural, en la medida en que 13 de las 15 provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie regada tienen, como recuerdan desde la federación de regantes Fenacore.

Pero las infraestructuras hídricas también cumplen un papel determinante a la hora de garantizar el abastecimiento de alimentos para una población creciente y cada vez más amenazada por los problemas de desnutrición. Hasta el punto de que, en España, si no fuera por estas obras, en los meses más cálidos y secos no habría alimentos para más de 4 millones de personas, mientras la población es de 47 millones de ciudadanos, sin contar a los turistas.

Sin embargo, no todo es cuestión de construir nuevas obras, sino de conservar las ya existentes. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en España hay más de 1.230 presas actualmente y que rondan de media los 50 años de antigüedad.

Por ello, y al tratarse además de una infraestructura tan sensible, desde FIDEX pedimos un Pacto Nacional de Conservación liderado por la Administración Central, al igual que existe en carreteras, en colaboración con las confederaciones hidrográficas, que por sí solas no tienen capacidad ni recursos suficientes para tamaña empresa.

Pendientes de la depuración y el saneamiento

Pero la gran infraestructura pendiente en España en materia de agua tiene que ver con todos los procesos de tratamiento, distribución y depuración que hay detrás de un gesto tan cotidiano como es abrir un grifo y tener agua.

En España, en pleno siglo XXI y a la vanguardia en aeropuertos, alta velocidad y autovías, hay todavía, por ejemplo, nueve localidades de más de 15.000 habitantes sin sistemas colectores y de tratamiento adecuados. Una paradoja que nos pasa factura, en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a España con una multa de 12 millones de euros, a lo que hay que sumar 10,9 millones por cada semestre extra de retraso en su cumplimiento. A ello hay que añadir los incumplimientos en más de medio millar de municipios de más de 2.000 habitantes, que también nos pueden conllevar graves sanciones.

En estos momentos, y ante esta tesitura, España trabaja sobre la base del denominado Plan DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), que vendría a poner orden y acabar con el problema. La música suena bien, la partitura es la correcta, pero ¿qué pasa con “los músicos”? Sin fondos, no es posible tocar ni una sencilla serenata y, para no ser menos dentro del sector, este plan sin recursos asignados a medio y largo plazo corre el riesgo de hacer honor a su nombre y quedarse en un mero deseo, en una simple declaración de intenciones. 

Y en la otra mano, la financiación

Precisamente, esta necesidad de fondos que muestra el plan DSEAR podría conseguirse dando entrada a la colaboración público-privada (CPP), que es una fórmula que “se mueve como pez en el agua” en esta materia, si bien España no es capaz de atraer inversores internacionales.

Lo cierto es que la más que delicada situación presupuestaria y las terroríficas expectativas que se ciernen sobre la economía hacen prever recortes del gasto público y de la inversión en infraestructuras. Pero hay modelos como la CPP que permitirían acometer estos planes sin demasiado coste para el Gobierno. 

Pero para promover la colaboración público-privada en materia de agua es necesario modificar la Ley de Desindexación de la Economía Española. Esta modificación debe hacerse en el desarrollo reglamentario del artículo 10 de esta Ley, aprobada en 2017, que reduce a mínimos la rentabilidad de los contratos de concesión, ahuyentando al inversor privado y dificultando el lanzamiento de planes de inversión pública basados en esta fórmula de financiación privada.

De hecho, la norma establece que la rentabilidad media de un proyecto en concesión a más de cinco años de plazo no podrá superar el valor de la deuda del Estado a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos. Esto significa que la rentabilidad máxima para un contrato de concesión a cinco años está muy por debajo (3,5%) de los umbrales mínimos (6%-8%) a los que está dispuesto a entrar un fondo privado.

Además, en el caso de estas infraestructuras del agua, hace falta también modificar las condiciones para que sea la disponibilidad y no el volumen del agua depurada -un factor sumamente variable pues depende de factores como la pluviometría o el movimiento poblacional- el criterio que se exija al inversor como garantía de servicio; es decir, que la depuradora funcione 24 horas los 365 días al año y que los análisis del agua depurada cumplan los requisitos de calidad establecidos.

Asimismo, hace falta crear “lotes mixtos” o, lo que es lo mismo, contratos de concesión que combinen depuradoras urbanas (de mayor tamaño y rentabilidad) con pequeñas depuradoras de ámbito rural para que el efecto medio sea una rentabilidad suficiente, ya que, si el Estado solo concesiona las de menor tamaño, el inversor difícilmente apostará por el proyecto. 

Por tanto, mientras el escenario inversor no sea el adecuado, por mucho que desde la Administración haya un cambio de actitud hacia la colaboración público-privada, nada conseguiremos. Se necesita un cambio cultural, pero también uno legal que lo sustente. 

El agua cuesta. Esta es la gran verdad. Llueve y parece un regalo de la naturaleza, pero su gestión cuesta. Los desequilibrios hídricos cuestan, y con el cambio climático, aún más. Y en España nos cuesta abordar este tema con la debida seriedad.

* FIDEX cesó actividad el 1 de julio, una vez cumplidos sus objetivos y tras 9 años defendiendo los intereses del sector de las ingenierías al más alto nivel. Los mensajes comunicados en el artículo son suscritos por todas las ingenierías que formaban parte de la entidad y mantienen su total vigencia. Estas empresas prosiguen su actividad y la mayoría de ellas, además, representadas desde el ámbito asociativo en la patronal del sector.

Artículo publicado en el número 223 Mayo/Junio 2020