2024: un año clave para el sector del agua urbana

Los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local, son servicios esenciales y de prestación obligatoria para las entidades locales. En este año que empieza, el sector del agua urbana se enfrenta a los mayores retos de su historia reciente.

Sin duda, el principal reto es el PERTE de digitalización del ciclo del Agua. El pasado 15 de noviembre se publicó la resolución definitiva de las ayudas concedidas en el marco de la primera convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. Tras la primera resolución el pasado 22 de diciembre se presentaron un total de 238 nuevos proyectos a la segunda convocatoria, que abarcan aproximadamente 3.500 municipios de todo el territorio español, de los cuales, aproximadamente, un 70% son municipios de pequeño tamaño, es decir, inferior a 5.000 habitantes.

Los proyectos que sean incentivados con el PERTE iniciarán o consolidarán, dependiendo de los casos, todo un proceso de digitalización, recopilación, análisis y evaluación de datos, tan necesarios para el incremento de la eficiencia en la gestión del ciclo urbano del agua. 

Los proyectos que sean incentivados con el PERTE iniciarán y consolidarán todo un proceso de digitalización, recopilación, análisis y evaluación de datos, necesarios para el incremento de la eficiencia en la gestión del ciclo urbano del agua.

Pero el de la resolución y profundización del PERTE, siendo importante, no es el único reto al que nos veremos abocados este año que comienza. Hay otros que, en mayor o menos medida, marcarán el devenir del sector en el futuro.

La nueva directiva europea de depuración va a poner, sin duda, en jaque a un sector que, teniendo déficits en cuanto al cumplimiento de los parámetros de vertido de las aguas depuradas con las infraestructuras existentes, se ve ahora amenazado por una muy exigente normativa que obligará al cambio en los criterios en el diseño de las plantas. Es más, es posible que alguna de las infraestructuras que están en fase de diseño o de construcción no cumplan con los nuevos estándares exigidos por la legislación.

La nueva directiva europea de depuración va a poner en jaque al sector, teniendo en cuenta los déficits actuales en el cumplimiento de los parámetros de vertido de las aguas depuradas con las infraestructuras existentes.

De forma similar, esta nueva directiva establece la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para que, determinados sectores productivos, aporten parte de la financiación de la depuración cuaternaria. Esto pone en evidencia el débil entramado legislativo que tenemos en nuestro país, donde además las competencias están repartidas entre la administración central, la autonómica y la local, sin artilugios intermedios de coordinación y comunicación que permitan agilidad en la toma de decisiones y que faciliten la imprescindible sostenibilidad de los sistemas y de las infraestructuras necesarias para ello. Solamente con una revisión de las normas legales correspondientes, podremos hacer frente a las cada vez más exigentes condicionantes que se nos imponen desde Europa.

El reciente decreto de calidad de las aguas está sometiendo a este sector también a una actualización y adaptación que va a requerir un tiempo superior al inicialmente previsto por la administración. Hay cambio de parámetros de análisis, hay mayores exigencias para la acreditación de los laboratorios, son necesarios una serie de planes de búsqueda de fugas y mejora de rendimientos difícilmente cumplibles con los sistemas actuales, lo mismo que pasa, por ejemplo, con los nuevos condicionantes de información a los clientes para lo que las herramientas disponibles no pueden acometer en los exigentes y cortos plazos previstos. Esto será un importante reto para los Ayuntamientos, titulares de las competencias en agua en el ámbito urbano.

De la misma manera, el sector está trabajando en propuestas a la administración sobre la composición exigida a los lodos de depuradora, fundamentales para su uso posterior y cumplir así con condicionantes actuales de la economía circular en el sector del agua urbana. 

La eficiencia energética, y el objetivo de plantas con emisiones cero y autosuficientes energéticamente hablando, hacen de la innovación un bastión fundamental para poder seguir avanzando en este aspecto tan importante.

La eficiencia energética, y el objetivo de plantas con emisiones cero y autosuficientes energéticamente hablando, hacen de la innovación un bastión fundamental para poder seguir avanzando en este aspecto tan importante. Sobre todo, después de las últimas subidas de la energía que tanto daño ha hecho al sector, intensivo en su uso para mover el agua desde su origen, su tratamiento, distribución y depuración.

Todo este panorama descrito, se ve agravado enormemente por los males endémicos e históricos del sector, como son su falta de inversión y sus tarifas obsoletas que no recuperan todos los costes y que incumplen históricamente, por lo tanto, lo contenido en la Directiva Marco del Agua. 

Desde las asociaciones, en concreto desde AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana) llevamos años denunciando que el sector tiene un déficit de inversión en sus infraestructuras desde la crisis económica anterior a la pandemia. Necesitaríamos invertir el doble durante los próximos 10 años, al menos, para poder ponernos al día en las inversiones necesarias para tener unas infraestructuras que cumplan con los condicionantes sociales, ambientales y económicos necesarios para servir a la sociedad del siglo XXI.

Las tarifas en nuestro país están muy por debajo de las de nuestro entorno geográfico y de las que serían necesarias para cubrir todos los costes: operativos, mantenimiento, inversión, renovación, ambientales, etc. Nuestras tarifas son entre tres o cinco veces inferiores a las existentes en el centro y en el norte de Europa, donde además no tienen las exigencias climáticas tan extremas como las que tenemos nosotros.

Necesitaríamos invertir el doble durante los próximos 10 años, al menos, para poder ponernos al día en las inversiones necesarias para tener unas infraestructuras que cumplan con los condicionantes sociales, ambientales y económicos necesarios actuales.

España es el país de Europa que más padece las consecuencias del Cambio Climático, con sequías cada vez más frecuentes y acuciantes y con inundaciones cada vez más severas, lo que nos obliga a los operadores a cambiar los supuestos que teníamos hasta ahora para gestionar nuestros sistemas. Esto conlleva que debamos definir escenarios que nos permitan alinearnos en adaptación y mitigación para que nuestra influencia en el cambio climático sea cada vez más pequeña. Esto debería ir acompañado, además, de unas tarifas que se adaptasen a las condiciones cada vez más cambiantes descritas, para poder ser más resilientes y sostenibles.

Para abordar todos estos temas mencionados, y algunos más de menor importancia, es imprescindible una mayor involucración de la administración del estado en el sector del agua urbana, estableciendo reglas comunes generales que nos permitan tener un sector moderno y equiparable a los de los países más avanzados en este ámbito, es decir, establecer alguna figura de REGULACIÓN, para homogenizar métodos de trabajo, instaurar indicadores comunes de gestión, tener estructuras tarifarias comunes, favorecer una gestión más eficiente y una información más trasparente, como exige la sociedad a este servicio básico para la vida humana y el desarrollo económico del país.

Es imprescindible una mayor involucración de la administración del estado en el sector del agua urbana, estableciendo alguna figura de regulación que nos permitan tener un sector moderno y equiparable a los de los países más avanzados en este ámbito.

En cualquier caso, este es un sector que mira al futuro con optimismo, con profesionales preparados y dispuestos a abordar todos los retos que nos depara el futuro, independientemente de la forma de gestión que adopte la administración correspondiente, bien sea con empresas públicas, privadas o mixtas. Siendo conscientes, además, de que somos un vector de crecimiento y de riqueza en los municipios, porque nuestra actividad tiene una repercusión directa en el territorio y por el incremento de valor que damos en todas nuestras actividades.