El Gobierno aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular e impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado. 

El objetivo final del Plan, al igual que el de la política comunitaria de residuos, es convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía circular. Se trata, en definitiva, de sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas.

Este Plan, que es el instrumento para orientar la política de residuos en España en los próximos seis años, promoverá las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con los objetivos legales de gestión de residuos.

Entre estos objetivos, destaca por su relevancia el de reciclado de residuos domésticos y similares: en el año 2020 debe destinarse a preparación para la reutilización y reciclado el 50% de estos residuos. Con datos de 2012, España se sitúa en el 29% del reciclado de residuos municipales.

JERARQUÍA DE RESIDUOS COMO PRIORIDAD

El PEMAR aplica el principio de jerarquía establecido en la normativa comunitaria de residuos, para reducir la eliminación de residuos -fundamentalmente, a través del depósito en vertedero-, mediante el incremento de la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, incluida la valorización energética. Para lograrlo, el Plan apuesta por aumentar la recogida separada de residuos, especialmente en relación con la fracción de biorresiduos de los residuos municipales.

El Plan Estatal Marco consta de 25 capítulos, 15 de ellos dedicados a flujos de residuos con normativa específica. Para todos ellos, describe la normativa y los objetivos aplicables, así como la evolución de la gestión en los últimos años y su situación actual y establece los objetivos y las orientaciones y líneas estratégicas para conseguirlos. 

También destaca la necesidad de continuar trabajando en la coordinación con todas las administraciones competentes en este ámbito, de mejorar la información y la transparencia en el ámbito de los residuos y de armonizar las tasas y el uso de instrumentos económicos para evitar barreras entre comunidades autónomas.

Además, apuesta por fortalecer, incrementar y coordinar las actividades de inspección, control y vigilancia, destinar recursos humanos y económicos, por una mayor y mejor comunicación y sensibilización y por potenciar el uso de los materiales procedentes de los residuos. El Plan incorpora, asimismo, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos de gestión de residuos.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, el Plan prevé con carácter general, que las comunidades autónomas cumplan estos objetivos con los residuos generados en su territorio. Igualmente los planes autonómicos, podrán establecer la contribución de las entidades locales, de forma independiente o asociada, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de competencia municipal.

BENEFICIOS AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Junto a los beneficios ambientales del Plan (protección de la salud humana, de los recursos naturales y el clima), esta iniciativa aporta además beneficios sociales y económicos asociados a  la mayor actividad económica relacionada con los residuos, al incremento de la disponibilidad de materias primas en condiciones seguras y a la creación de empleo derivada del fomento de la preparación para la reutilización y del reciclado.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, si se aplica toda la normativa vigente en materia de residuos se crearían más de 400.000 empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se localizarían en España.