Chiloeches: Espejo de los problemas del sector de residuos industriales

La mañana del 29 de agosto fuimos muchos los sorprendidos de que un incendio equiparable al de Seseña volviera a tener lugar. El primero ya nos pareció de la mayor gravedad, pero el segundo en Chiloeches presentaba características que lo hacían especialmente peligroso.

Peligroso por el tipo de residuos, las cantidades y la situación de la instalación. Sin duda este incendio se estudiará en los cursos de seguridad industrial como el peor escenario posible de accidente en una instalación de este tipo. Era una instalación que almacenaba entre 20.000 y 30.000 toneladas de residuos, la mayoría peligrosos y en fase acuosa. Una importante cantidad de los residuos estaba deficientemente almacenada y sin capacidad de retención del contenido en caso de su liberación por accidente. Así que la consecuencia del incendio fue el vertido barranco abajo hacia el río Henares. Afortunadamente la contaminación se contuvo por la rápida y valiente actuación de los vecinos del polígono, que posteriormente apoyaron los servicios de emergencias. Además el incendio produjo una gran columna de humo que por la ausencia de viento se elevó de forma vertical y sin afectar a población alguna, no obstante las personas que estaban en las cercanías sí que acusaron molestias por las sustancias químicas liberadas a la atmósfera.

Pese a ser menos espectacular que el de Seseña y haber transcurrido en una época donde la mayoría de la población está de vacaciones, el incendio fue de la mayor gravedad y puso en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
Las razones que hacen especialmente llamativo este caso son por un lado el almacenamiento de grandes cantidades de residuos peligrosos sin los medios necesarios para contener la contaminación.  Y por otro lado, porque las investigaciones realizadas han demostrado que los gestores de esta planta mezclaban los residuos peligrosos con otros residuos, y los hacían pasar por residuos de construcción y demolición, para así depositarlos en vertederos de este tipo de residuos. Estos vertederos se diseñan para contener residuos inertes que no transmiten la contaminación al agua, por lo que la deposición de residuos peligrosos en estos vertederos hace que los contaminantes se filtren a la tierra para acabar llegando a ríos y acuíferos. 

Las prácticas de este gestor eran un secreto a voces que incluso eran visibles desde el exterior, y que denunciamos desde ASEGRE. Por ello cabe preguntarse ¿Cómo es posible que una planta que venía demostrando dichas prácticas de gestión y almacenando grandes cantidades de residuos peligrosos sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias continuara su actividad?. 

Mientras los cuerpos de seguridad del Estado aclaran los hechos y se cuantifican los daños para el medioambiente y para la salud, los costes de extinción de este incendio, la recogida de las aguas contaminadas y la descontaminación del suelo. Tenemos la certeza de que serán unas cuantías millonarias. Unos millones que, de haberse destinado a mayor inspección y control, habrían evitado este desastre.

El caso de la planta de Chiloeches es uno de los ejemplos de malas prácticas en la gestión de residuos que venimos denunciando desde hace más de cinco años. Otros tristes ejemplos de malas prácticas son colar aguas residuales industriales en depuradoras de aguas urbanas o en vertederos de residuos urbanos o de residuos inertes, en todos estos casos son instalaciones sin la autorización necesaria para aceptar estos residuos. También son malas prácticas la clasificación fraudulenta de los residuos por parte del productor para rebajar su peligrosidad, el depositar ilegalmente residuos en un lugar sin acondicionar, aplicar al suelo residuos de forma incontrolada justificándolo como enmienda del suelo o rellenar huecos mineros con residuos industriales no inertes. En muchos de estos casos, cuando se le reclama al responsable la gestión adecuada del residuo, esta empresa desaparece, dejando ese problema ambiental al gobierno autonómico correspondiente para que la gestión de esos residuos privados se realice con dinero público. 

Todos estos hechos demuestran que delinquir en nuestro sector compensa económicamente porque el control es escaso y la cuantía de las multas no produce el efecto preventivo necesario, así lo señaló el estudio de EFFACE - European Union Action to Fight Environmental Crime. Este control está fraccionado en cada territorio autonómico, donde la legislación se aplica con distintos criterios. La trazabilidad de los residuos se realiza casi con tantas aplicaciones electrónicas como Comunidades Autónomas existen en el país. Por todo ello, sería importante que la Comisión de Coordinación en materia de residuos, creada por el Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente y donde están representadas todas las Comunidades Autónomas, aborde este asunto con urgencia. 

En estos momentos la Comisión Europea está revisando las técnicas que deben aplicar las instalaciones de tratamiento de residuos, y fijando los valores de contaminantes que pueden emitir. Es llamativo discutir en estas negociaciones valores de emisión excepcionalmente estrictos, que sin duda garantizará la calidad ambiental de estas instalaciones, pero también dispararán los costes de tratamiento. Mientras, nos encontramos con productores de residuos y gestores que aprovechan este escenario de desinterés político y social, y gestionan los residuos con prácticas que podrían llegar a calificarse de ilegales y por tanto con costes más competitivos que los gestores “legales”.

También nos encontramos con el Paquete de Economía Circular que promueve la Comisión Europea, y en el que se incluye la revisión de la directiva de residuos de 2008. Esta revisión se plantea cuando aún no se había conseguido aplicar y asimilar la directiva vigente, y que introdujo figuras como el agente y el negociante, que suponen grandes complicaciones para el control de la gestión. Pero la nueva directiva, parece que incluirá nuevas figuras que complicarán más el panorama, es el caso de la definición de relleno, esto es la utilización de residuos para rellenar huecos en obras de ingeniería, y que abrirá una vía más para perder el control de la gestión.

De momento, todo el foco se pone en los gestores pero los productores de los residuos también tienen su parte de responsabilidad. El incendio de Chiloeches ha carbonizado un año de producción de residuos peligrosos de empresas identificables y conocidas. Por eso ha llegado el momento de modificar la legislación de residuos para que el productor mantenga parte de la responsabilidad sobre el residuo hasta su tratamiento final. Esto nos igualaría a otros países de nuestro entorno, y promovería una autorregulación del sector. Actualmente, algunas industrias adjudican el tratamiento de sus residuos a empresas gestoras que aceptan tarifas muy por debajo de los costes reales de un correcto tratamiento. Gestores como el de la planta de Chiloeches, los cuales, amparados en la escasa inspección por parte de la Administración y en la complejidad administrativa de las diferentes CCAA, incurren en ilegalidades para que sus números cuadren. El resultado final es que la industria productora obtiene un menor coste en la gestión de sus residuos y ninguna responsabilidad, lo que sin duda va a facilitar la repetición de casos como el de Chiloeches. 

Si a esa necesaria responsabilidad del productor le sumamos más medios para inspeccionar y controlar la gestión y una mayor coordinación entre las CCAA, tal vez podamos acercarnos a ese ambicioso cambio de paradigma que promueve la Unión Europea y que denomina como “economía circular” con el objeto de elevar el valor de los tratamientos para recuperar los recursos materiales y energéticos contenidos en los residuos.

Tras este año de desastres ambientales causados por residuos, cabe preguntarse ¿Cuántos incendios más son necesarios? ¿Cuántos daños al medio ambiente y exposiciones a la población a estos riesgos tienen que darse para que los más altos responsables políticos actúen?

Necesitamos con urgencia que haya una mayor voluntad para que las cuestiones medioambientales vuelvan a ser una prioridad y tengan reflejo en las políticas de residuos y en los medios que se les asignan. Hay una oportunidad de atraer inversión y crear empleo en torno al reciclaje y al uso sostenible de los recursos.

Artículo publicado en el número 192 de la revista. Puede acceder a la revista aquí.